Se termina el contrato con el consorcio Caminos Río Uruguay (Crusa) y a partir de ahora el Estado se hace cargo de las obras de mantenimiento de las Rutas Nacionales 12 y 14, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, y facilitan el comercio con Brasil, Uruguay y Paraguay.
Esta situación pone de manifiesto la demora del Ejecutivo en el lanzamiento de la licitación que había anunciado el vocero presidencial, Manuel Adorni. Incluso, Vialidad había brindado detalles sobre ese trabajo. “La convocatoria para esta etapa se lanzará en diciembre de 2024, previendo la adjudicación y toma de posesión en abril de 2025″, explicó un comunicado oficial. Sin embargo, eso no ocurrió.
Fuentes oficiales explicaron a La Nación que proyectan para septiembre el ingreso de la nueva concesión privada. Hasta tanto eso no se produzca, Vialidad se hará cargo de la operación y mantenimiento de “la ruta del Mercosur”, tal como había adelantado este medio. Es decir, realizará bacheo general, corte de pasto, servicio de acarreo, centro de atención al usuario, entre otras tareas.
En consecuencia, sin obra pública grande a la vista, el estado de las Rutas Nacionales 12 y 14 entrará en una etapa de indefinición. Sus operadores recordaron que los últimos trabajos grandes se realizaron entre 2019 y 2020, antes de la pandemia, con la repavimentación de tramos cercanos a Gualeguaychú y Paso de Los Libres. Esgrimieron que el congelamiento de las tarifas de los peajes y su falta de actualización conspiró contra los fondos que el concesionario necesitaba para pagar sueldos a trabajadores y ejecutar tareas de infraestructura.
“Frente una inflación acumulada de 4095% en los últimos seis años, el valor del peaje fue incrementado solo en un 1493%, porcentaje que representa un tercio de las variaciones de los costos”, sostuvo Crusa en un comunicado. En el mismo, indicó que invirtió US$870 millones. Pese a eso, el consorcio de empresas advirtió sobre “los riesgos” que supone el fin de este contrato y la supuesta falta de claridad sobre “las condiciones que garanticen las mínimas condiciones de seguridad y asistencia del tránsito” hasta el inicio de una nueva concesión privada.
Existen dos frentes de tensión entre Crusa y el Gobierno. Uno de ellos discute quién es el responsable del estado de las rutas. Por un lado, los empresarios reclaman que por decisiones estatales su principal fuente de ingreso, el peaje, le significó menos dinero y, en efecto, no ejecutaron las obras comprometidas.
Por otro, la gestión libertaria aplicó multas al concesionario, publicadas con frecuencia en el Boletín Oficial. Según fuentes oficiales, esas infracciones llegan a al menos $60.000 millones.
En simultáneo, Crusa mantiene una demanda en la Justicia contra el Gobierno, presentada en el fuero contencioso y administrativo, mediante la cual reclama US$300 millones por supuesto incumplimiento del contrato. Esto y las multas son temas judicializados.
Y el segundo frente de tensión entre las partes tiene a los casi 500 trabajadores de Crusa. En símbolo de protesta, dejaron de cobrar el peaje desde el jueves pasado en las rutas nacionales 12 y 14, y hoy cortaron carriles en la autopista Ricchieri. El consorcio asegura que buscó alternativas para ellos hasta último momento. En el Gobierno entienden que brindar una solución a ese problema no es responsabilidad de Vialidad.
De esta manera, una concesión que nació en los tiempos de privatización menemista llega a su fin en la gestión libertaria, pese a los intentos de los empresarios de obtener una nueva prórroga. La historia de este contrato comenzó en 1990, pero en 2023 estuvo a punto de finalizar.
El 31 de octubre de 2023 terminaba la concesión, pero Crusa logró un fallo judicial en el que se le permitió la continuidad en la operación por un plazo inicial de 6 meses. ¿El motivo? El Estado incumplió con el procedimiento establecido para dar por terminada la concesión. Justamente, la empresa argumentó que debía “contar con un período que permita culminar el proceso de renegociación contractual o, en su caso, posibilite el traspaso ordenado de la concesión vial”, dijo el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 9.
“Se admitirá la medida de no innovar solicitada, aunque por el plazo de seis meses corridos desde la fecha de vencimiento prevista en el Acta Acuerdo de Renegociación de fecha 17 de diciembre de 2014″, donde se estableció que terminaría el contrato. Se estiró la concesión hasta abril de 2024, pero llegada esa fecha, la gestión libertaria, con pocos meses en el poder, resolvió “prorrogar la prórroga” un año más, hasta el día de hoy.
Las decisiones del Gobierno sobre el destino de las rutas ganaron cada vez más notoriedad, ya que la semana pasada publicó en el Boletín Oficial la intervención de la empresa pública Corredores Viales con el objetivo de acelerar su privatización. Una mirada más general del asunto expone que la gestión de Milei, hasta el momento, registra misma cantidad de privatizaciones que de estatizaciones, si se considerara como tal la toma de posición de Vialidad en lugar de Crusa.
La única venta que concretó el Gobierno fue la de Impsa, en manos de la firma Arc Energy. El Gobierno anunció las privatizaciones de otras empresas, como Aerolíneas Argentinas y Belgrano Cargas, pero no encontraron postor firme que quiera comprarlas. Asimismo, avanzó en el cierre de otras compañías estatales, como Trenes Argentinos Capital Humano.
La Nación