El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Gobierno, concretó un acontecimiento histórico para el sistema judicial: se realizó el primer sorteo oficial de potenciales jurados de pueblos originarios, conforme a lo establecido en la Ley 2364-A. Esta norma, dictada en 2015 y reglamentada en 2019, no había podido ser aplicada hasta ahora debido a la ausencia de un paso fundamental: la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, derecho consagrado por la Constitución Nacional y tratados internacionales.
La concreción de este evento fue posible gracias al proceso de información y diálogo sostenido con las comunidades, que culminó en la realización de la Asamblea Intercultural en la ciudad de Juan José Castelli. Allí estuvieron representados los tres pueblos originarios reconocidos en la provincia —Qom, Wichí y Moqoit—, quienes dieron su consentimiento al modelo de juicio. Se trata de un avance significativo en el reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos colectivos de los pueblos originarios.
El objetivo de este sorteo fue conformar la lista anual de potenciales jurados integrada exclusivamente por ciudadanos de pueblos indígenas, con el fin de intervenir en juicios penales en los que el imputado y/o la víctima pertenezcan a una comunidad originaria. De este modo, se establece un nuevo paradigma en la administración de justicia con perspectiva intercultural, marcando un hito sin precedentes en la historia judicial argentina.
Además de su dimensión jurídica, la implementación del juicio por jurado originario implica un cambio cultural sustantivo. Por primera vez, doce ciudadanos pertenecientes a comunidades originarias serán convocados para decidir, de manera soberana, la culpabilidad o inocencia de un par en casos penales graves. Se trata de una expresión concreta del principio de igualdad ante la ley y del derecho a una justicia con pertinencia cultural.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Jorge Gómez, remarcó el carácter histórico del avance: “Nos hicimos cargo de una deuda pendiente. A partir de hoy, los pueblos originarios contarán con una participación directa en las decisiones judiciales, desde una perspectiva propia, atravesada por su cultura y sus valores”, expresó. Asimismo, Gómez valoró el proceso de construcción previa que incluyó recorridas por el territorio, encuentros con comunidades y trabajo con referentes indígenas. “Este proceso es el resultado de una escucha real y de una voluntad colectiva de transformación”, afirmó.
El mecanismo del sorteo consistió en la extracción mecánica de números compuestos por dos cifras, que corresponden a las dos últimas cifras del Documento Nacional de Identidad de ciudadanos indígenas incluidos en el padrón electoral vigente. Estas cifras determinan la integración de la lista base de potenciales jurados en las circunscripciones judiciales I a VI.
Las personas con terminaciones 86; 26; 22; 25; 84; 82; 54; 62; 67; 29; 16; 60; 67; 71; 74; 91; 80; 56; 97; 09; 97; 70; 14; 40: 00; 18; 60; 64; 82 y 61 en sus DNI fueron sorteadas para integrar la lista anual.
Este modelo contribuye al fortalecimiento de las garantías constitucionales y a una justicia más plural, pluralista y representativa, en concordancia con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Además, expresó el ministro Jorge Gómez, “seguramente con el paso del tiempo podremos decir que fuimos parte de este proceso histórico”. Con este acto, la provincia del Chaco avanza en la construcción de una justicia verdaderamente intercultural, en la que todos los ciudadanos, sin distinción de origen étnico o cultural, puedan participar y ser juzgados en condiciones de equidad, respeto y legitimidad.
Las veedoras de Colegios presentes fueron: Elisa Aselle, por el Consejo de Abogados de Resistencia e Ivana Balverdi, por el Colegio de abogados Charata.
Para finalizar, la presidente del Superior Tribunal de Justicia Emilia Valle, destacó la trascendencia institucional del evento: “Han pasado prácticamente seis años desde el primer sorteo general, que tuvo lugar el 7 de agosto de 2019. Hoy damos un nuevo paso hacia una justicia más participativa, con sentido de pertenencia y legitimidad social”.