Carla tiene 40 años y padece síndrome de Prader Willi, una enfermedad genética poco frecuente que afecta funciones básicas de su cuerpo. Pese a que el diagnóstico es irreversible, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) le envió una carta documento con la indicación de someterse a un examen médico para revalidar su condición. Como la carta le llegó a un domicilio que ya no es el suyo, el plazo para cumplir con el trámite se le venció. “Ahora no sabemos si le van a quitar la pensión por invalidez”, cuenta a Página/12 su mamá Beatriz, y agrega que en San Miguel de Tucumán, donde viven, hay al menos unas 50 familias más en riesgo de perder la ayuda del Estado.
Casos como el de Carla se extienden por todo el país. El titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo –exabogado de Javier Milei– avanza desde hace meses en una auditoría sobre las pensiones que reciben más de un millón de personas con discapacidad. Los requisitos y las condiciones para cumplir con ese proceso se convirtieron, de a poco, en un filtro: cartas documento con citaciones vencidas, filas interminables para realizarse estudios médicos y traslados de varios kilómetros hasta la clínica más cercana conformaron un combo que, según denuncian las organizaciones del colectivo, redundará en ajuste masivo en el número de beneficiarios.
En la clínica Santa Clara de Morón se vivió la semana pasada un ejemplo del caos en que se convirtió la auditoría de Spagnuolo: más de mil personas con discapacidad fueron citadas el mismo día para hacerse los estudios. “Muchos se tuvieron que ir sin ser atendidos y no tienen otra fecha estimada para completar el examen”, describió a este diario Nicolás Mazza, referente de la Asociación Civil “Ideharcelas”, que administra un centro de día para jóvenes y adultos con Síndrome de Down en ese municipio del oeste bonaerense.
Mazza cuenta que ese día en la sala de la Santa Clara hubo desmayos, gritos y tensión, porque los médicos no daban abasto para atenderlos a todos. “No fue un error puntual, ni un desorden casual, el Gobierno está apelando al desgaste y al cansancio de la gente para que abandone el beneficio”, agregó. “Todo lo que estamos viviendo se puede resumir en una palabra: destrato”.
El caos de las auditorías se extendió en las últimas semanas a varias ciudades del interior del país, donde se sumaron varias irregularidades:
*En el departamento 9 de Julio, de Santa Fe, hay unas 1.500 personas con discapacidad que están siendo obligadas a viajar entre 200 y 400 kilómetros hasta Rafaela para auditarse con los médicos de ANDIS y no perder la pensión.
*En Salta hay centenares de casos similares. “Teníamos un paciente que vive en Los Toldos y tenía que ir a Santa Victoria Oeste para hacerse la auditoría. Son 900 km en total”, ejemplificó la situación el ministro de Salud de esa provincia, Federico Mangione.
*En Formosa, la titular de la oficina local de ANSES, Patricia Arias, reconoció que hay centenares de beneficiarios que no saben cómo llevar adelante el trámite y confirmó que espera una ola de “bajas masivas”.
*En Mar del Plata hay centenares de beneficiarios de la pensión que acudieron en las últimas semanas a la Dirección de Discapacidad del Municipio planteando que acudieron a la cita programada por ANDIS pero no los atendieron, y el plazo para cumplir con el trámite está a punto de vencerse.
La auditoría como filtro
Tal como adelantó Página/12, la intención del Gobierno es recortar al menos unas 200 mil pensiones este año, objetivo que quedó declarado en el proyecto de Presupuesto de 2025 y que el propio Spagnuolo ratificó públicamente. La auditoría, según dijo el titular de la ANDIS, busca detectar presuntas irregularidades en el otorgamiento del beneficio durante el gobierno anterior, y así llegar a la meta trazada de antemano. El disparador del proceso fue la radiografía trucha de la cadera de un perro, que el Gobierno presentó como ejemplo de “corrupción” en el otorgamiento del beneficio. Pero poco después se comprobó que era una fake news: la radiografía había sido rechazada por los médicos del organismo y esa pensión nunca se había entregado. Aún así, la causa penal contra los funcionarios que estuvieron a cargo del área hasta 2023 siguió en pie.
La auditoría, a poco de andar, se convirtió en un desastre organizativo:
*Para enviar las cartas documento a los domicilios de los titulares de las pensiones, Spagnuolo contrató a la empresa de correos Andreani, que ganó una licitación pública por más de 13 mil millones de pesos por el servicio. Pese a recibir semejante monto, Andreani no tiene la estructura suficiente para llegar a puntos del país alejados, como sí la tiene, por ejemplo, el Correo Argentino. Organizaciones como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad denuncian que, además, la empresa no tiene llegada a los barrios populares y a los asentamientos de las grandes ciudades, por lo que habría miles de beneficiarios que jamás se enterarán que recibieron las notificaciones y quedarán suspendidos de la pensión.
*Muchos de los domicilios no están actualizados, por lo tanto no todos son notificados en tiempo y forma y se les vence el plazo para cumplir con los requisitos, como en el caso de Beatriz y las 50 familias de San Miguel de Tucumán. La respuesta de ANDIS, en esos casos, es nula.
*Las cartas documento, además, no tienen los apoyos necesarios para personas con discapacidad intelectual o las personas ciegas, por citar dos casos. Es decir, no son accesibles, lo cual es cuanto menos llamativo teniendo en cuenta que el remitente es el organismo del Estado encargado de las políticas públicas en la materia. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió el problema y elaboró una guía para brindar información y con recursos útiles para quienes recibieron la citación.
*A quienes sí les llega la carta, viven todo tipo de trastornos, como sucedió en la clínica Santa Clara de Morón, con salas de espera rebalsadas; o como sucedió en provincias como Salta y Santa Fe, donde se obliga a los beneficiarios a trasladarse varios kilómetros para atenderse.
Pero ahí no termina todo. Las modificaciones en el sistema fueron introducidas mediante la restitución de un decreto del menemismo (el 432/97) que restableció el modelo “médico” de la discapacidad, previo a la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, al que el país adhirió con rango constitucional en 2014; y se completó con la polémica Resolución 187/2025 que incluyó los términos “idiota” y “mogólico” pero que además introdujo un nuevo “baremo” para medir el “porcentaje de invalidez laboral” de cada persona. Todo ese combo endureció el acceso a la ayuda estatal. Spagnuolo recientemente pidió “perdón” por los insultos de esa norma, pero sigue vigente y hasta ahora no le tocó una sola coma.
Por eso, las organizaciones del colectivo le facturaron el debe durante su presentación ante el foro internacional “Global Disability Summit 2025”, que se celebró en Berlín, la capital alemana, al que fue invitado como representante del Gobierno argentino. En una carta dirigida a las autoridades del foro, denunciaron que las auditorías “pretenden reducir significativamente el número de pensiones”.
Preocupación en los centros de salud mental
El caos que generaron las citaciones impactó especialmente en hospitales de salud mental y en los centros de día que asisten a personas con discapacidad psicosocial, que son las que encuentran mayores dificultades a la hora de cumplir con los requisitos impuestos para no perder la ayuda del Estado.
Los casos más emblemáticos de esa situación tuvieron lugar en los hospitales de salud mental José Estévez, de Temperley, y el Borda y el Moyano, en CABA. Las notificaciones firmadas por la ANDIS llegan de a centenares, incluso para pacientes ya externados en cuyo DNI sigue figurando la dirección de esos centros de salud como su domicilio.
La preocupación en los centros de salud fue creciendo porque las notificaciones no incluyen guías ni ningún tipo de apoyos para que los pacientes puedan valerse por sí mismos para completar los trámites que se les pide. Además, en muchos casos, los turnos para el examen médico son en fechas y lugares establecidos por la propia ANDIS, que son incumplibles para las propias instituciones.
“En el caso de las personas con discapacidad psicosocial, se les está mandando las notas sin ninguna mediación de apoyos o acompañamientos para que las personas comprendan qué es lo que se les está pidiendo, o para que puedan ser acompañadas a los turnos para el examen médico”, describió en diálogo con Página/12 Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental de la Provincia. Ya hay por lo menos unos 400 casos del estilo sólo en la zona sur del conurbano. “Esto genera incertidumbre y angustia en un colectivo ya vulnerable”, agregó Calmels.
La semana pasada, al hospital Borda llegaron más de 50 cartas documento de la ANDIS con la fecha para entregar la documentación requerida ya vencida. En el servicio de Trabajo Social, cuentan, están “desbordados”. “Vienen pacientes con el alta que directamente notaron que no les depositaron la pensión y no saben qué hacer, a quién preguntar”, contó uno de los médicos a este diario. “También tuvimos casos de gente que viene a buscar su historia clínica y ya no está, porque hace más de una década que tienen el alta”, agrega el médico. “Incluso llegan cartas para gente que ya no vive en el hospital pero que les sigue figurando como su domicilio. No sabemos qué va a pasar con ellos”, dice.
Página/12