A 43 años del fin de la guerra y a casi dos décadas de las primeras presentaciones judiciales para que esos delitos no queden impunes, el máximo tribunal acumula ya once recursos extraordinarios, en los que debe decidir si los hechos constituyen o no crímenes delitos de lesa humanidad, en línea con los tratados internacionales firmados por la Argentina.
La sala I de Casación, con el voto unánime de los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Diego Barroetaveña, hizo lugar a los recursos extraordinarios que habían interpuesto el fiscal general Javier de Luca, el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, la Comisión por la Memoria (CPM) bonaerense, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y el abogado Miguel Ángel Ávila en representación de excombatientes.
El juez Slokar, en su voto, invocó “el alcance del Derecho de Gentes y los crímenes de lesa humanidad y de guerra” para decidir que la causa continúe abierta y sea elevada a la Corte, impidiendo así la impunidad de los militares investigados.
Los recursos fueron dirigidos contra la resolución dictada por la misma sala de Casación que, por intermedio Barroetaveña y Daniel Petrone, con disidencia de Mahiques, había resuelto en octubre pasado anular el procesamiento del militar Gustavo Rodolfo Malacalza por haber ejercido torturas y vejaciones sobre los conscriptos. En esa decisión, contrariando a las dos instancias anteriores, los magistrados sostuvieron que no se trataba de delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, que estaban prescriptos.
“Reconocemos el carácter unánime de la decisión, lo que robustece el mensaje: la justicia no puede clausurarse en causas donde está en jugo la dignidad humana”, destacó el CECIM, en un comunicado que firman su presidente Rodolfo Carrizo, el secretario de derechos humanos, Ernesto Alonso, y el abogado Jerónimo Guerrero Iraola. “A 43 años de finalizada la Guerra de Malvinas, exigimos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la consagración de la Memoria, la Verdad, la Justicia, la Soberanía y la Paz”, planteó.
Las investigaciones por torturas, estaqueamientos a la intemperie bajo temperaturas extremas, enterramientos, sumersión de la cabeza en agua helada, golpizas, pasaje de corriente eléctrica, hambre extremo y demás vejámenes propinados por militares contra conscriptos en Malvinas, se iniciaron en 2007. Hasta la fecha, más de 200 ex combatientes declararon como víctimas o como testigos en distintas causas, que involucran a un centenar de imputados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió en 2023 un pedido del CECIM y la CPM para que se declare la responsabilidad del Estado argentino por no investigar ni juzgar las torturas que los militares habían perfeccionado en los campos de concentración de la dictadura y que terminaron aplicando a los conscriptos en Malvinas.
El caso había llegado a la CIDH en 2015, luego de que la Corte convalidara un fallo de Casación a favor del imputado Jorge Taranto. A pesar de ese revés judicial, las presentaciones de los ex combatientes continuaron, en paralelo con actos públicos y pronunciamientos para impulsar la demanda.
Página 12