En un contexto de debate nacional sobre la inseguridad y la criminalidad juvenil, la Iglesia Católica en el país expresó su rechazo al proyecto del Gobierno nacional que busca reducir la edad de imputabilidad como medida para combatir la violencia.
Según informó en un documento intitulado Más oportunidades que penas, la Comisión Episcopal de Pastoral Social -encabezada por el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida- se enfatizó que los menores “no son los que más delitos cometen” y que la solución “no es modificar la edad, aunque sí es imprescindible un régimen penal juvenil/adolescente que tenga una mirada humana, integral, abierta a la esperanza“.
En su declaración, el Episcopado subrayó que, de acuerdo con la estadística oficial más reciente del Sistema Nacional de Información Criminal – Sistema Alerta Temprana (SNIC_SAT), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, “en 2023, en Argentina, los menores inculpados por delitos conforman un porcentaje muy bajo del total”.
Según el obispado, la inseguridad y la delincuencia juvenil son el resultado de años de políticas que “no han sido capaces de crear una cultura del trabajo que incluyera a todos los habitantes y que permita a todas las familias del país vivir con dignidad y procurarse los bienes necesarios para un auténtico desarrollo humano, laboral, social, económico y psicoactivo”.
Además, en su mensaje, destacaron que son necesarias “las voces de especialistas como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y docentes”. Y completó el Episcopado: “Cuando se escuchan estas voces, los abordajes más complejos de la problemática, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad no parece ser la más razonable”.
En este contexto, la Iglesia nacional -que también expresó su solidaridad con las víctimas de la violencia, incluidas aquellas que han sufrido delitos cometidos por menores de edad- reconocieron que “el fácil acceso a las drogas” es una de las principales causas de la violencia juvenil. “Por ello ¡es necesario combatir el narcotráfico! Pero de esto se habla poco. Si miramos la realidad, el narcotráfico en nuestro país, desde hace décadas, viene ganando territorio y y ampliando sus negocios dejando tiradas y destruidas un montón de vidas y familias, particularmente a los jóvenes“, sostuvo un fragmento del comunicado.
En palabras de la Comisión Episcopal de Pastoral Social enfatizó que “es imprescindible comprender que es necesario promover una cultura del cuidado que garantice las condiciones para el desarrollo integral y pleno de cada persona”, especialmente en términos de educación y empleo, como una forma de prevenir su involucramiento en actividades delictivas.
Ante este flagelo, la Iglesia se plantea una serie de preguntas clave, antes de que se dictamine la baja de imputabilidad. “¿Qué alternativas reales tenemos para ofrecerles, educarlos y reinsertarlos socialmente? Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿En serio creemos que esa es la solución?“.
“¿Más cárceles o más escuelas? ¿Más guardiacárceles o más docentes con salarios dignos y capacitados?“, son otro de los interrogantes que se plantea el documento. Y como solución, el obispado expresa que ”cualquier reforma del Régimen Penal Juvenil debe hacer foco prioritariamente en la reinserción social y en la educación. El deterioro educativo y la deserción escolar es una realidad que requiere pronta solución”, sostuvieron.
Para ello, la Conferencia expresó que “hay que repensar la estructura de las escuelas y potenciar los lugares de participación y proyección que existen“, citando como casos los clubes, polideportivos, capillas y centros vecinales.
Los anteriores llamados de atención
En agosto del año pasado, la Conferencia Episcopal Argentina ya se había referido también a la baja en la edad de imputabilidad, en un texto bajo el título, No encerremos la esperanza.
El purpurado opinó que “nunca el encierro, ni penas más duras, ni la baja de la imputabilidad, son la solución para detener la violencia. Son salidas superficiales y sin lógica de solución hacia el futuro”. Y el CEA continuó su mensaje: “Los necesitamos (a los jóvenes), pero NO presos, sino como parte de una sociedad más justa, sana, solidaria, que los incluya para participar y evolucionar, no encerrados en una decadente y oscura involución”.
Y sostuvieron, como en el último comunicado, que “es necesario un nuevo régimen penal juvenil, que acompañe y promueva el desarrollo de los menores, pero sin bajar la edad mínima de imputabilidad“.
Más atrás en el tiempo, en enero de 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri, la CEA también se había referido sobre el mismo tema. “No podemos caminar hacia una nueva ley penal juvenil, convirtiendo a los chicos infractores a la ley en casi ‘enemigos sociales’”.
Por entonces, los obispos cuestionaron la oportunidad del debate, pidiendo que no se limite al aspecto penal y destacando los compromisos que debe cumplir el Estado en materia de asistencia a la niñez. Para ello citaron una Carta pastoral de Jorge Bergoglio, en sus tiempos de Cardenal, y recordaron un Acta de Compromiso del Consejo Federal de la Niñez (de 2015) que rechazaba el cambio del límite de 16 años a partir del cual se considera a los menores imputables.