De Gamas había presentado su renuncia sujeta al otorgamiento del beneficio jubilatorio en abril de este año, pocos días después de que la Cámara Federal le ratificara un procesamiento por los supuestos delitos de “encubrimiento, peculado, privación ilegal de la libertad y prevaricato”, derivados de su intervención como secretario del destituido juez Juan José Galeano, el primero que investigó el atentado.
La Cámara también confirmó que esas figuras delictivas eran (para el caso) de “lesa humanidad” y que por lo tanto no prescriben.
La situación del juez fueguino llegó al Consejo de la Magistratura provincial, cuyos integrantes pidieron saber “el estado de la causa y la situación procesal del magistrado”, también en abril pasado.
Sin embargo, al aprobarse su jubilación, De Gamas dejará el cargo y se tornará abstracta la posibilidad de que le inicien un jury de enjuiciamiento y de que eventualmente lo destituyan del cargo.
La secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales de la Provincia (Sejup) Alicia Ponce, afirmó hoy que el Superior Tribunal de Justicia fueguino “sabía de la situación procesal de De Gamas desde fines del año pasado” y “lejos de iniciar un proceso de destitución vía Consejo de la Magistratura le permitió seguir dictando sentencias”.
“Creemos que hubo responsabilidad del Poder Judicial de la provincia en mantener a un juez con procesamiento firme por delitos de lesa humanidad. Se trata de un poder que ha perdido el deber de responsabilidad conferido por la Constitución y el respeto por la ciudadanía a la que debe impartir justicia”, expresó Ponce en diálogo con Télam.
Otros referentes de organizaciones sociales también habían advertido el riesgo de mantener en el cargo a De Gamas sin iniciar un proceso de destitución.
Adriana Reisfeld, integrante de Memoria Activa, le había dicho a medios fueguinos que era “una vergüenza” la jubilación del juez en estas condiciones.
De Gamas se encuentra imputado junto a los exsecretarios de Galeano Susana Spina y Carlos Velasco.
Si bien en primera instancia el juez Sebastián Ramos los procesó por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, la Cámara Federal, en un fallo firmado por los jueces Roberto Boico y Juan Carlos Bonzón, agravó las figuras delictivas, en un fallo de abril de este año que luego fue apelado “en queja” ante la Cámara de Casación Penal.
Por esos hechos, el exjuez Galeano fue condenado a seis años de prisión, acusado de haber montado una maniobra para que el desarmador de autos Carlos Telleldín modificara su declaración original e involucrara falsamente a un grupo de policías bonaerenses en el atentado de la AMIA, a cambio de 400.000 dólares.
Fuente: Télam