Presentado por María del Carmen Battaini, presidenta de Reflejar, Del Río trazó una cronología detallada sobre la implementación del sistema en el Chaco, y destacó que esta provincia “ha sido la primera que ha legislado sobre la unanimidad” del dictamen del jurado.
Recordó que la ley específica fue sancionada en septiembre de 2015; las dificultades y reparos que debieron despejarse para su efectiva implementación, y la sistemática capacitación que se puso en marcha para “desaprender los vicios del sistema oral, con defectos que la ley de jurados vino a corregir”. Evocó la experiencia inaugural de 2019 y de cómo jueces y juezas del STJ, fiscales y funcionarios judiciales, notificaron personalmente a los y las integrantes del primer jurado popular.
“Una de las críticas decía que el pueblo no podía decidir, que era incapaz, que las cuestiones técnicas no podían ser comprendidas por el ciudadano común; que (el pueblo) iba a tomar venganza, que no tenía información suficiente”, recordó, para luego demostrar con ejemplos cómo la efectiva puesta en marcha del sistema dio por tierra esos cuestionamientos.
Mencionó la colaboración y el trabajo en equipo con otras provincias que también lo implementan, y la elaboración conjunta de las instrucciones al jurado. Lo comparó con el inquisitorio: “Ese modelo que aceptamos, de acta secreta, de poca publicidad, no tenía nada que ver con el sistema actual republicano”, y agregó: “Nuestros juicios no eran lo que debía ser y lo que vino a sanear el sistema de enjuiciamiento, ha sido, sin duda el juicio por jurados”.
Al compararlos, acentuó que “los juicios anteriores estaban plagados de vicios que tenían que ver con prácticas que adolecían del verdadero esclarecimiento del hecho”. Comentó que le tocó participar de juicios anteriores que “duraban días, a veces semanas, para un robo simple”; en tanto que los hechos más graves que se tratan en el juicio por jurados no duran más de tres días en promedio.
“La verdad que la legitimidad que ha generado el juicio por jurados es indiscutible en el Chaco”, afirmó Del Río e informó que el costo que implica en el presupuesto del Poder Judicial es de un 0,3 por ciento. “La confianza que ha devuelto a la ciudadanía, no tiene precio”, sostuvo.
Habló también del trabajo de investigación con INECIP y la Universidad de Nueva York, y compartió indicadores de las respuestas a las encuestas realizadas con operadores e integrantes de los jurados. “La sociedad comprende, así, la difícil tarea de emprender un proceso judicial”, puntualizó, y destacó la relevancia de la continua formación de los operadores judiciales que participan del proceso. “Si al jurado no se le presentan pruebas sólidas, no va a acompañar”, aseveró, y agregó: “estamos hablando de salvar al sistema acusatorio en Argentina”, “Se terminó un juicio oral penal fantasioso”, “hacemos un juicio como la ciudadanía se merece”. Además indicó: “cuando un jurado declara la culpabilidad está sobradamente basado en pruebas que lo legitiman”.
“El jurado popular tiene mucho más alta la exigencia de la duda razonable que quienes pertenecemos al Poder Judicial. Son jueces circunstanciales, no tienen compromisos ni vinculación con el hecho, así que resuelven en base al material probatorio”, afirmó luego.
Al promediar su exposición instó a “aprender a litigar”, y concluyó: “Tienen que estar convencidos de que el juicio por jurados no es un problema, sino que devuelve la confianza a la ciudadanía y hace a un sistema judicial más transparente y más confiable, que responde al mandato de los constituyentes”.
Daniel Olivares Yapur, presidente de la corte de San Juan, agradeció la “magnífica exposición, por sus conceptos tan humanos para reafirmar un instituto que tiene raigambre constitucional”, y destacó a Del Río como un referente en el tema que inclusive “fue convocado por el congreso para exponer sobre el juicio por jurados”.