Cíclicamente la idea se renueva, como mágica solución al problema de la inseguridad y punta de lanza del paquete punitivista, y con una marca común: la irrupción de un caso público, la conmoción social que genera, y un aprovechamiento político como telón de fondo. No es la excepción este nuevo proyecto de baja de la edad de imputabilidad que Javier Milei agitó en la apertura de las legislativas, Patricia Bullrich y Cúneo Libarona vendieron como un show en las redes, y ahora vuelve al Congreso apurado por La Libertad Avanza y el PRO. Ocurre tras el brutal asesinato de la niña Kim Gómez y en medio de un feroz ataque que llegó a la amenaza de intervención a la provincia de Buenos Aires.
“Se está discutiendo si es 14 años, 13 como en Uruguay o 12 como en Brasil”, soltó livianamente la ministra Patricia Bullrich en una entrevista reciente, como si se tratara de arrimar el bochín. Ni siquiera acertó con la edad en cada país: En Brasil, la edad de imputabilidad es de 18 años, como lo indica el artículo 27 de su Código Penal. Los niños que delinquen a partir de los 12 años ingresan en regímenes de libertad asistida, cerrados o semicerrados, como ocurre en Argentina (los antiguos “reformatorios”). En Uruguay las penas también son a partir de los 18 años: en 2014 se hizo un plebiscito para bajar la edad a 16, pero el proyecto no alcanzó los votos para ser aprobado.
¿Qué implicaría bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, como ahora proponen el Ejecutivo y sus aliados en el Congreso? ¿Qué dicen los estudios sobre el tema y la misma Constitución argentina, con los tratados a los que adhiere, sobre esos niños que delinquen? Y en última instancia, ¿para qué serviría? Página/12 consultó a investigadoras que se dedican a estudiar el tema y comparó cifras con otros países que se citan como supuesto ejemplo. También analizó la veracidad del diagnóstico del que parten los proyectos de baja de edad.
- ¿Aumentó la cantidad de delitos cometidos por menores? No. Los números del Observatorio de Políticas de Seguridad de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, basados en estadísticas de la Procuración General de la Corte Suprema bonaerense, muestran que mientras en 2009, el 12,8 % del total de los homicidios corresponden a personas menores de 18 años, en 2023 la participación se redujo a 8,9 %. En 2009 se iniciaron 152 causas por homicidios a menores de 18 años de edad; en 2023, se redujeron a 66. Además, en esta provincia bajó a la mitad la participación de menores de 18 años en el total de delitos denunciados: de 4,2 % en 2009, a 2,2 % en 2023. Se demuestra falso el argumento de una supuesta situación de crisis por la gravedad y el incremento de los delitos cometidos por niños y jóvenes.
- ¿Qué dice el proyecto de Bullrich y Milei? El Observatorio avanza en los datos que cita el anteproyecto de ley que el Ejecutivo envió al Congreso el año pasado, y que se debatió en comisiones, para justificar una afirmación que algunos medios repiten: “en nuestro país la tasa de delitos cometidos por adolescentes aumenta año a año”. Con estadísticas oficiales extendidas en el tiempo, muestra que los datos presentados resultan falsos, producto de un corte arbitrario y engañoso que lleva a un análisis tendencioso.
- ¿Bajar la edad de imputabilidad, haría que bajara el delito? “No. No hay argumento o evidencia que muestre que tiene algún efecto en la baja de delitos, todos los países que se ponen de ejemplo tienen graves problemas de seguridad, tasas de homicidio más altas”, advierte Angela Oyhandy, directora del Observatorio. “Es una discusión totalmente descontextualizada de nuestro propio diagnóstico, que es muy diferente de los países que citan, por ejemplo, de Centroamérica, con fenómenos delictivas de bandas del estilo de las maras”, compara.
“Por el contrario, la institucionalización de personas cada vez más jóvenes en espacios en que es habitual la reincidencia, las prácticas violentas, violatorias de derechos humanos, con insuficiencia de espacios formativos, resulta contraproducente: lejos de ayudar a que los pibes dejen el delito, refuerza todo lo que hace más probable que reincidan. No solo porque los desanclan de la reinserción, también los pone en contacto con otras personas que están insertas en redes delictivas”, advierte también.
“La adolescencia es un momento en que sube el número de personas que transitan el delito. (El sociólogo) Gabriel Kessler hizo un sondeo que muestra que pasada esa etapa, la gran mayoría, lo abandona. Y que la gran mayoría de las que reinciden, son las que se quedan institucionalizadas y judicializadas”, completa.
- ¿Qué se hace con un pibe de 14 años que mató o cometió un delito grave? “Decir que no hay que bajar la edad de imputabilidad no equivale a decir que no se debe hacer nada con ellos, como también se acusa”, plantea Oyhandy. “Es necesario crear instituciones que aborden, fuera de un contexto de castigo penal, las situaciones sociales y penales que hicieron que ese pibe llegue ahí. No es solo no bajar, es poner presupuesto y crear una nueva institucionalidad que pueda abordar y contener a esos pibes a los que hoy no los está pudiendo contener nadie, empezando por las propias familias, como vimos en el último caso público”, subraya.
- ¿En qué infancias se está pensando? Es una verdad evidente que el sistema penal argentino es, ante todo, selectivo. La idea de “igualdad ante la ley” se diluye con sólo echar un vistazo a las cárceles o, inversamente, seguir los desenlaces de los casos de “guante blanco”. “No erraba el diputado Germán Martínez cuando exhortaba a los legisladores a trabajar ‘como si’ esta fuera una ley aplicable a sus propios hijos. Pero atendamos a todas las implicancias que se derivan de ese ‘como si’, que revela el sentido de lo que se está discutiendo: el sistema penal funciona como sistema de control de los sectores vulnerables”, define Alina Ríos, investigadora Investigadora del Conicet y del Instituto Gino Germani y una de las convocadas a exponer en el Congreso por este tema.
Natalia D’Alessandro, integrante del Instituto de Políticas sobre Delito, Seguridad y Violencias En Foco, enumera los derechos que vulneraría una ley de este tipo, las garantías constitucionales con los tratados internacionales incorporados, como la Convención sobre los derechos del Niño. “Se pierde de vista esta condición, como si lo tremendo de los actos que cometen borrase su condición de niños, niñas y adolescerntes. Y el Estado se desentiende de su obligación de abordar el problema de una forma integral”, reclama.
- ¿Sirve la “infación punitiva”? “Venimos de más de dos décadas de ‘inflación punitiva’, donde la única medida de política criminal fue incrementar las penas para determinados delitos. Tdas las estadísticas muestran que eso no funcionó. ¿Por qué pensamos entonces que va a servir abordar la problemática del delito de los menores de edad únicamente desde la perspectiva de la punibilidad?, plantea D’Alessandr. Así pone en primer plano el excesivo y excluyente valor que se le asigna al derecho penal en la resolución de los conflictos sociales, entendiendo los delitos también como conflictos sociales. Tanto para los mayores, como para las y los niños y adolescentes.
- ¿Y qué se podría empezar a hacer? “En los barrios todo el mundo conoce adónde estos pibes van a vender las cosas que roban. Muchas veces son los mismos que les venden la droga. Llama la atención que cuando se habla de políticas de seguridad, nunca se habla de desarmar esas redes que forman parte del paisaje en los barrios y son identificadas por todos, incluida la misma policía”, marca Oyhandy.
- ¿Por qué no se escucha a quienes estudian el tema? “El año pasado se estuvo debatiendo este proyecto de ley en comisión, y fueron invitados expertos de un amplio espectro del arco político y de disciplinas. Y todas las voces, mayoritariamente, estuvieron en contra. Lo mismo en los proyectos de reiterancia y reincidencia”, recuerda D’Alessandro. “Se convoca a expertos que muestran por qué estas ideas sólo agravan el problema, sin embargo el Ejecutivo continúa avanzando en el tratamiento y ahora vuelve a la carga. Entonces, ¿es realmente birndar más seguridad lo que está buscando?”
Página/12