“Debe quedar claro que en la presente investigación se pretende esclarecer la maniobra de lavado de activos, existiendo suficiencia probatoria para que la causa avance a distinta etapa procesal y tal decisión se encuentra firme. A ello debe confrontarse que la normativa cuya aplicación pretende la Defensa alude a acciones penales tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social y, como se dijo, no es el caso”. Así lo señala la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia que este jueves resolvió confirmar el rechazo a la extinción de la acción penal por adhesión a la “ley de Blanqueo” solicitada por los defensores de Ramón Alberto “Tito” López, su esposa Librada Romero y sus hijos David y Walter López.
Para las camaristas Rocío Alcalá y Patricia García, el alcance de la conocida como ley de “Blanqueo” o de Regularización de Activos se encuentra limitada a acciones penales tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social comprendidas en el Régimen Penal Tributario, mientras que en la presenta causa se investiga un delito autónomo como el de lavado de activos que atenta contra el orden económico y financiero.