En un comunicado de prensa, la defensoría del Pueblo informó que, como resultado de las numerosas visitas y relevamientos realizados en distintas localidades de la provincia, se pudo constatar un incremento desproporcionado en las tarifas eléctricas que afectó gravemente a un amplio sector de la población. Frente a esta situación, presentaron una acción judicial con el objetivo de evitar que miles de usuarios sean privados del acceso a la energía eléctrica sin contar con opciones de pago viables ni una revisión adecuada de sus casos particulares.
La acción judicial interpuesta solicita al Poder Judicial que:
Se suspenda por 60 días la interrupción del servicio eléctrico a usuarios de las categorías N y 3, a fin de evitar situaciones de vulnerabilidad extrema.
No se proceda al retiro de medidores, garantizando el acceso continuo al servicio mientras se analizan soluciones de pago adecuadas.
Se establezcan planes de pago accesibles y acordes a la realidad económica actual, permitiendo que los usuarios regularicen su situación sin exponerse a sanciones desproporcionadas.
Se disponga la revisión de aquellas facturas cuyos montos resulten excesivos y no guarden relación con la situación socioeconómica del usuario, garantizando el cumplimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben regir el servicio público de energía.
El esquema tarifario aplicado, señala el comunicado de la Defensoría, generó “un quiebre en los mecanismos de protección establecidos tanto en la Constitución Nacional como en la legislación vigente en materia de servicios públicos y derechos de usuarios y consumidores”. “La falta de razonabilidad en la aplicación de los incrementos tarifarios y la ausencia de medidas de mitigación han puesto en riesgo el acceso a un servicio esencial, afectando el ejercicio de derechos fundamentales como la salud, la seguridad y la vida digna, sostiene.
Remarca que, si bien es necesario promover el uso racional y eficiente de la energía, este tipo de medidas deben implementarse de manera progresiva y sostenida en el tiempo. “No es razonable exigir una reducción inmediata del consumo en pleno verano y en el contexto de olas de calor extremas, sin haber realizado previamente campañas de concientización adecuadas ni haber otorgado herramientas a los usuarios para gestionar su consumo de manera efectiva”, asegura.
Por estas razones, desde la defensoría consideraron “imprescindible” que el Poder Judicial intervenga a fin de garantizar que los chaqueños no sean privados del acceso a la energía eléctrica sin un procedimiento adecuado que contemple su situación particular y respete los principios de proporcionalidad y equidad en la prestación del servicio.