El proyecto también declarar la nulidad de todos los actos realizados en virtud de dicho decreto; que se exceptué al Banco de la Nación Argentina de lo dispuesto por el artículo 48 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 mientras esté en vigencia, o la norma que en futuro la reemplace; que se declare que el BNA está excluido de las facultades otorgadas por los 3° y 4° de la Ley N° 27.742 (Ley Bases); y que se garantice la organización y funcionamiento del BNA como institución bancaria de propiedad del Estado Nacional, imposibilitada de transformarse en sociedad anónima.
Para los autores, el proyecto de ley que impulsan “tiene por objeto asegurar la organización y funcionamiento del Banco de la Nación Argentina como institución bancaria de propiedad del Estado Nacional; y procurar el cumplimiento del fin social establecido por su Carta Orgánica”. A su vez, consideran que el decreto del Poder Ejecutivo que dispone la transformación del ente autárquico BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA en BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (BNA S.A.) en la órbita del Ministerio de Economía, “altera la organización y funcionamiento del Banco de la Nación Argentina”.
Para los diputados y sindicalistas bancarios esta instancia “se trata de un paso previo a la privatización — iniciativa del Poder Ejecutivo ya rechazada por este Congreso — que anticipa la filtración de intereses privados en la institución”. En ese sentido aseguran que “esto contraría el fin social establecido por la Carta Orgánica y debilita el rol de la entidad como orientadora del crédito y dinamizadora de la economía en defensa de las PyMEs y los hogares argentinos”.
“Tenemos la firme convicción de que la constitución en una Sociedad Anónima es profundamente desacertada y, además, peligrosamente irreversible. Para empezar, ni el decreto ley 70/23, ni el decreto 116/2025 acompañan la iniciativa con algún argumento real, serio o efectivo, ni siquiera con uno que sea algo más que una mera afirmación dogmática; mucho menos con un informe técnico que avale tal proceder. Por su parte, los beneficios sociales de la conversión a S.A. brillan por su ausencia”, señalan Cisneros y Palazzo en los fundamentos del proyecto.
Los referentes bancarios también destacan la voluntad histórica del Congreso de la Nación que durante la década del 90 en pos de excluir al Banco Nación de los procesos de privatización, sancionó la Ley 25.108 que expresamente dispuso: “exceptúase de la declaración de ‘sujeta a privatización’ al Banco de la Nación Argentina, el que deberá continuar su actividad como institución bancaria de propiedad del Estado nacional”. A su vez, en el proyecto destacan que la Constitución Nacional faculta al Congreso para establecer y reglamentar bancos nacionales.
“El Banco Nación no debe ser privatizado ni convertido en S.A. porque posee una inconmensurable función social y cumple con un rol insustituible para el Estado Nacional: procura la inclusión financiera y el acceso al crédito para los argentinos y argentinas; y H. Cámara de Diputados de la Nación desempeña una labor estratégica al orientar el crédito en beneficio de la producción, el trabajo y el crecimiento de todas las provincias, tanto en épocas de crisis como de prosperidad. Pero si el argumento sobre su fin social no fuese suficiente, hasta el más intransigente fiscalista debería oponerse a su privatización o conversión en S.A. porque es una empresa que, lejos de ser deficitaria, da ganancias”, concluyen en sus fundamentos Cisneros y Palazzo.
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