La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas de cinco militares por los secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones que sufrieron militantes de la organización Montoneros durante la llamada Contraofensiva. En su fallo, los integrantes de la Sala II del máximo tribunal penal exhortaron a proteger la documentación de la causa en tiempos en que hay una fuerte avanzada por parte del gobierno nacional para restringir el acceso a los archivos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos.
Entre 2019 y 2021, el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 de San Martín juzgó la represión sobre los militantes que fueron parte de la Contraofensiva montonera –aquellos que estaban en el país y aquellos que volvieron porque consideraban que estaban las condiciones para enfrentar a la dictadura.
En el primer juicio, el TOF 4 condenó a prisión perpetua a Luis Ángel Firpo (jefe de la Central de Contrainteligencia y División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601), Marcelo Cinto Courtaux (jefe de Actividades Especiales de Inteligencia y Contrainteligencia del Destacamento 201 con asiento en Campo de Mayo), Eduardo Ascheri (jefe de la división Planes del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares), Jorge Eligio Bano (división Operaciones del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares), Jorge Norberto Apa (División de Inteligencia Subversiva Terrorista del Departamento Interior de la Jefatura de Inteligencia de Ejército) y Roberto Dambrosi (Batallón de Inteligencia 601). En una segunda instancia, los jueces condenaron a Mario Guillermo Ocampo (Destacamento 201 de Campo de Mayo), que no fue parte del primer proceso porque estaba prófugo.
Las confirmaciones de las condenas alcanzaron a todos con excepción de Apa y Dambrosi, que fallecieron. Los camaristas Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci desestimaron los planteos de los represores.
Slokar, que lideró el acuerdo, habló de una maquinaria de exterminio destinada a perseguir, torturar y aniquilar a los militantes involucrados. “Resultó una de las expresiones más letales y sanguinarias de un régimen que ya había perfeccionado sus métodos de terror y desaparición desde el aparato estatal, con el objeto de desarticular a través de las fuerzas represivas ilegales a aquella organización opositora al gobierno de facto”, escribió sobre la Contraofensiva. Además, mencionó que los medios de comunicación “jugaron un rol fundamental en el encubrimiento de los crímenes de lesa humanidad” como parte de estrategias deliberadas de acción psicológica.
“Los aportes efectuados por los encausados desde el aparato de inteligencia fueron los que permitieron que se llevaran a cabo estos crímenes, contribuyendo en su planificación, ejecución e impunidad. Sus roles en la toma de decisiones estratégicas y operativas para reprimir a los opositores políticos muestran una intención deliberada de utilizar sus posiciones para consolidar el poder de la dictadura cívico-militar”, señaló Slokar.
“Debido a los cargos que los acusados ostentaron y a los roles que desempeñaron dentro de la estructura en la que se encontraban, no hay lugar a dudas sobre el conocimiento que tuvieron de su participación en el plan de exterminio implementado por el Ejército y de las consecuencias de dicho plan”, apuntó, por su lado, Ledesma.
Preservar los archivos
Por unanimidad, la Sala II llamó a preservar la documentación. “Exhortar al tribunal oral a que arbitre los medios necesarios con el objeto de preservar la totalidad del material probatorio producido e incorporado a esta causa, no solo a través de su digitalización y resguardo, sino también procurando el acceso eficaz y eficiente al acervo para su reutilización y difusión”, escribieron Slokar, Ledesma y Yacobucci.
No es la primera vez que la Cámara de Casación llama a preservar el acervo documental de los juicios. Slokar y Ledesma iniciaron ese camino el año pasado en un fallo sobre crímenes de lesa humanidad en la jurisdicción de Bahía Blanca. En agosto pasado, el tribunal circuló una recomendación en ese sentido después de una reunión con referentes de derechos humanos y de un informe que produjo Slokar, quien coordina la comisión de la Casación que se ocupa de los derechos de las víctimas de crímenes contra la humanidad.
Desde que asumió, el gobierno de Javier Milei desplegó una estrategia para vedar el acceso a los archivos. En Defensa, Luis Petri desmanteló los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) documental. Tanto Petri como Patricia Bullrich se negaron a entregar legajos a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que busca a los bebés robados durante los años del terrorismo de Estado. El propio Milei derogó el decreto de Néstor Kirchner que facultaba a la Conadi a acceder a todos los archivos en manos del Poder Ejecutivo.
En enero, el fiscal general Alejandro Alagia advirtió que había riesgos de seguridad en el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), donde se almacena la documentación producida por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Según el Consejo Internacional de Archivos (ICA), el ANM sufrió el despido de alrededor del 40 por ciento de su planta en consonancia con la política de ajuste que se viene implementando en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Memoria Abierta y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron que la mesa conjunta que funcionaba dentro de la actual Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) se descontinuó. En Cancillería, hubo despidos y toda el área de derechos humanos quedó básicamente inactiva.
La frutilla de la torta fue la decisión de la Armada de mudar su archivo general (AGA) y de habilitar la destrucción de documentación, tal como publicó Página/12, a partir de un alerta lanzada desde Archivistas en la Función Pública (AFPA) argentina. Ante el juzgado federal de Mar del Plata, la Marina informó que desde el 31 de enero el AGA está cerrado, a raíz de la cautelar que dictó la jueza federal de San Martín Alicia Vence para impedir que se eliminen documentos. Días después, Ernesto Kreplak, magistrado de La Plata, se pronunció en el mismo sentido.
El juez federal Ariel Lijo, que está a cargo de la megacausa sobre crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), le había pedido a la Armada que enviara una descripción de la documentación existente en el AGA, ya que se sabe que hay aproximadamente ocho kilómetros lineales de archivos. Sin embargo, desde el juzgado confirmaron que la respuesta no llegó y que habían reiterado la solicitud.
Página/12