“Será bajo la modalidad de concesión obra publica por peaje”, adelantó y recordó: “La privatización de las empresas publicas es irremediable”.
“A partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios”, completó.
La Oficina del Presidente emitió un comunicado en donde asegura que a pesar de que en Argentina hay rutas y autopistas gestionadas por el sector privado, anteriores gobiernos se empecinaron en sostener esta empresa estatal deficitaria que le costó a nuestro país solo en 2023 unos $301.000 millones.
“Relevamientos realizados por este Gobierno detectaron que hay 3.400 kms de traza, 45% de toda la red vial argentina, que siendo gestionados por esta empresa no se encontraban en condiciones óptimas para la circulación vehicular”, completó.
El mismo texto advierte que existe “una clara muestra que la administración estatal de la red vial no funciona, y que no es el rol del Estado la gestión de las autovías”. En ese sentido se aclaró que desde ahora, gracias a este proceso, será el concesionario el que tendrá que realizar las obras necesarias a fin de conseguir el derecho de cobro de peaje.
La privatización de Corredores Viales S.A
En la actualidad, Corredores Viales S.A. se encuentra a cargo de 10 tramos de autovías en las provincias de; Santiago del Estero: Tucumán: Salta; Jujuy; Chaco; Buenos Aires; Corrientes; Misiones; San Luis; Córdoba; Santa Fe y Mendoza. Además, también administra el Acceso Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires.
La empresa estatal es una de las tantas compañías que el Gobierno dejó sujeta a privatización según el Artículo 7 de la Ley Bases. El listado lo completan Intercargo SAU, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Belgrano Cargas y Logística S.A.
Según informó el Gobierno, la empresa estatal registró un resultado económico negativo en 2023 que presenta una deuda con proveedores por $142.000 millones y pérdidas acumuladas por $268.000 millones. En este sentido, Corredores Viales fue asistida por el Tesoro Nacional por $301.000 millones de pesos.
Desde la gestión de Javier Milei ya convocaron a una audiencia pública para finales de febrero para avanzar en la licitación de la ruta del Mercosur, por un total de 670 kilómetros, que fuera operada durante 30 años por la empresa privada CRUSA. Ahora, se le sumará la concesión de los 8.470 kilómetros de rutas actualmente gestionadas por Corredores Viales S.A, lo que tendrá implicancia sobre otras rutas que hasta hora no estaban concesionadas, tales como la RN 33 en Santa Fe, la RN 18 en Entre Ríos, y la variante de la RN 19 en Córdoba.
El vocero presidencial informó que se avanzará con “la extinción por mutuo acuerdo los contratos de concesión de vigentes de 10 tramos asignados a corredores viales que comprenden diferentes rutas nacionales”, además de “la ejecución de los procedimientos de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública sobre los referidos corredores” y la “disolución y posterior liquidación de corredores viales una vez adjudicados y perfeccionados los contratos con las empresas que resulten seleccionadas”
Al respecto, el secretario general del Sindicato de trabajadores de Vialidad Nacional, Fabián Catanzaro, advirtió “ya fue vivida” durante la década de 1990. “No sabemos qué va a pasar con nuestros compañeros. Sobre un plantel de 8.000 trabajadores, luego de las concesiones, quedó un plantel de 3.000” y agregó que desde el gremio están “en estado de alerta y movilización“.
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