Por Matías Gallastegui
El topo que vino a destruir el Estado desde adentro encuentra en la salud de la población uno de sus capítulos más crueles, anticientíficos y mercantilistas. El propio gobierno nacional está acelerando la destrucción del sistema de salud argentino. La pregunta es: ¿la salud como pilar de la democracia o cartera de negocios?
El desarrollo de la seguridad social y la salud pública fueron pilares en los Estados de Bienestar y las democracias que permitieron en los últimos cien años un crecimiento sustancial de la expectativa y la calidad de vida en nuestros países. El proyecto anarcocapitalista busca terminar con el Estado por interpretarlo un escollo en sus negocios, y para ello necesita también erradicar las nociones de ciudadanía y derechos.
Para la ejecución del plan de vaciamiento del sistema público y ruptura de su lógica solidaria dispusieron en el Ministerio de Salud a Mario Iván Lugones, un médico sin experiencia en la gestión pública que desarrolló su carrera en el sanatorio privado Güemes. Y por otro lado, en la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo que debería controlar a las prepagas y obras sociales, definieron a un ex gerente de OSDE, Gabriel Gonzalo Oriolo. Son los lobos cuidando a las ovejas, ya es un cliché de los gobiernos de corporaciones utilizar la administración pública para facilitar negocios.
Recortes y despidos: una política de ajuste letal
En las últimas semanas el gobierno de Milei despidió a 1.400 trabajadores del sector salud, impactando de lleno en el funcionamiento de instituciones como el Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, en un país donde 1 de cada 4 argentinos padece alguna problemática de salud mental, como ansiedad o consumos problemáticos.
La Dirección de VIH sufrió una poda del 40% de sus empleados, afectando a una población donde el 65% de las personas viviendo con VIH dependen del sistema público para acceder a su medicación. También se ha puesto en riesgo el control de enfermedades infecciosas como el sarampión, ya que el 30% de la Dirección de Vacunas fue despedido.
La política de medicamentos: la salud como privilegio
El ajuste en salud tiene otra faceta brutal en el acceso a medicamentos. PAMI recortó la cobertura del 100% de una lista de fármacos esenciales, dejando a millones de jubilados en una situación crítica. El programa Remediar, que distribuía medicamentos básicos como analgésicos, antibióticos y anticonceptivos en los centros de salud del país, también sufrió recortes. A esto se suma la desregulación de los precios de los medicamento, por ejemplo el ibuprofeno durante el año pasado aumentó un 456%, el enalapril para la hipertensión un 233% o la levotiroxina para el hipotiroidismo un 283% mientras que la jubilación mínima aumentó un 124%.
El resultado es, para sorpresa de nadie, menos derechos pero con negocios asegurados para las farmacéuticas, ya que los aumentos de precios les permitieron aun con caída del consumo tener un margen de ganancias mayor por cada comprimido vendido durante el 2024.
Obras sociales: la ruptura del sistema solidario
El Gobierno profundiza el “descreme” del sistema, una estrategia ya vista en los ’90, al permitir que los afiliados de mayores recursos (jóvenes y sanos) transfieran sus aportes a prepagas, debilitando así el financiamiento de las obras sociales. Hoy el 40% de la población utiliza exclusivamente el sistema público, un 50% depende de obras sociales (sindicales, provinciales o PAMI) y solo el 10% accede a una empresa de medicina privada como OSDE o Swiss Medical.
Estos últimos que representan el sector más concentrado de la medicina privada son los únicos beneficiados con las actuales políticas, dejando al resto del sistema de salud cada vez más precarizado.
La reciente decisión de Milei de retirar a Argentina de la OMS es el broche de oro de una política sanitaria que rechaza la evidencia científica y se alinea con posturas conspirativas. Al igual que Trump en Estados Unidos, Milei adopta una agenda negacionista que pone en riesgo la salud pública, desmantelando mecanismos de cooperación internacional esenciales en la prevención y el tratamiento de enfermedades.
El ajuste como transferencia de ingresos
Lo que llamamos recortes en realidad son transferencias de ingresos. El dinero que se ahorra en medicamentos, profesionales y hospitales se usa para bajar impuestos a los bienes personales, habilitar un blanqueo de capitales con beneficios desmedidos, reducir impuestos a los autos de lujo y disminuir retenciones a los sectores más concentrados del agro. Mientras los más pobres y enfermos quedan desamparados, el capital financiero especulativo goza de condiciones inmejorables para el carry trade.
Quedan tres años de este gobierno y la pregunta que sobrevuela es qué límites podremos trazar los trabajadores de la salud y los usuarios ante tanta deshumanización. Seamos claros: los principales afectados son los jubilados, los pobres y los enfermos. La defensa del derecho a la salud es una batalla que la ciudadanía puede y debe dar, porque en ello se juega nada menos que la vida misma.
La crisis nos obliga a reflexionar: ¿vamos a dejar que nuestras enfermedades sean la materia prima del negocio de unas pocas empresas de medicina y farmacéuticas o vamos a poner en el centro a las personas y el cuidado de la vida?. Los sistemas de salud pueden y deben mejorarse, pero nada se arregla destruyéndolos. Un sistema nacional integrado de salud, más justo, federal y solidario, no solo es posible: es urgente.
Publicado en El Diario Ar