La Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Nordeste (ATUN) habilitó su sede para recepcionar reclamos de usuarios de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) que consideren que las facturaciones bimestrales son excesivas. La campaña forma parte de la Corriente Justicia Tarifaria que busca que la empresa del Estado retrotraiga sus tarifas a 2023.
Desde el gremio se mostraron sorprendidos por el interés de la gente en lugares más alejados del centro a la vez que alertaron por una morosidad en crecimiento debido a los altos costos de la energía.
El secretario de Acción Social de ATUN, Horacio Acuña, precisó, en entrevista con diario Época, que hasta la fecha recabaron más de 50 reclamos que serán presentados como pruebas ante tribunales locales. Estas serán reunidas con más de 4.000 que cuentan con el patrocinio legal del estudio jurídico de Juan Manuel Cubilla Podestá.
La sede del sindicato está ubicada sobre José Ramón Vidal 2364, casi avenida Teniente Ibáñez. La atención es de 17 a 20 horas y el trámite es totalmente gratuito. El viernes será el último día para que los usuarios acerquen la documentación necesaria (DNI y última boleta).
“Arrancamos hace 20 días y nos sorprende la respuesta de la gente. Hubo familias que vinieron hasta del barrio Piragine Niveyro, ubicado en las afueras de la ciudad”, recalcó Acuña. El acompañamiento a esta movida se debe, según el sindicalista, a que los clientes de la DPEC están verdaderamente preocupados por los montos facturados.
“Los cobros son un manotazo al bolsillo del usuario. Asimismo deja desamparadas a familias que soportan una crisis económica sin precedentes a nivel nacional. De esta forma afrontar los gastos por el servicio son imposibles”, recalcaron desde la sede gremial.
Acuña alertó por la morosidad que ya se está generando entre usuarios. “Hay gente que ya no paga su factura hace tiempo. Y este es el resultado: nadie va a poder abonar el servicio y van a terminar todos enganchados”, consideró. Por ejemplo, uno de los reclamos pertenece a una trabajadora municipal del programa Neike Chamigo. La mujer recibe unos $80.000 por mes y debe afrontar una boleta de $200.000.
“Los cobros carecen de legalidad porque no están fundamentados con cuestiones técnicas. Si la Justicia nos da la razón, la DPEC deberá devolverle el dinero a los usuarios, esto se puede hacer reintegrando un proporcional en las facturas subsiguientes”, explicó Juan Manuel Cubilla, letrado que impulsa la campaña.
Otro cambio trascendente es que la empresa del Estado se verá obligada a retrotraer el precio de la energía a valores de 2023. “Es un objetivo ambicioso, pero viable”, consideraron.
Diario Época