La Ley N°23.966, sancionada en 1998, regula estos impuestos, los cuales se actualizan trimestralmente conforme a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) calculado por el INDEC. Sin embargo, desde mayo de 2024, el Gobierno ha emitido sucesivos decretos que retrasan los efectos de dichas actualizaciones, como parte de una estrategia para contener los precios de los combustibles en medio de un contexto inflacionario.
Conforme a lo dispuesto en normativas previas, las actualizaciones correspondientes a los trimestres del 2023 y 2024 deberían haberse aplicado desde el inicio de este año. Sin embargo, a través de este nuevo decreto, el Gobierno vuelve a diferir parcialmente el incremento del primer trimestre de 2024 y, en su totalidad, los ajustes previstos para el segundo y tercer trimestre de ese mismo año.
Impacto regional
El decreto también incluye un tratamiento diferencial para el gasoil utilizado en ciertas provincias del sur del país, donde los costos de transporte son más elevados debido a la lejanía de los centros de producción. Esta medida busca proteger a las regiones más vulnerables frente a eventuales incrementos en los costos de los combustibles.
Sin embargo, los especialistas advierten que este aplazamiento no elimina la presión acumulada. Cristian Bergmann, consultor en el sector energético, explicó a surtidores.com.ar que, durante los trimestres aplazados, la inflación acumulada alcanzó un incremento del 101 por ciento. Aunque se aplicaron aumentos parciales desde julio de 2023, el aplazamiento de estas actualizaciones ha generado una diferencia significativa entre los precios actuales y los que deberían haberse aplicado.
De haberse implementado las actualizaciones a partir de febrero, la nafta habría experimentado un aumento del 15 por ciento, llevando su precio promedio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a $170 por litro, mientras que el gasoil habría registrado una suba del 8 por ciento, alcanzando los $90 por litro.
El aplazamiento de estos ajustes se enmarca en un contexto de alto impacto social y político, especialmente considerando el año electoral. La decisión del Gobierno busca, por un lado, evitar un incremento abrupto en los precios que podría generar malestar entre los consumidores y, por otro, dar señales de estabilidad frente a un mercado de combustibles que ha enfrentado ajustes sostenidos en los últimos meses.
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