La primera ofensiva vino de la belga Dredging International (DEME), que presentó una medida cautelar ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo, obteniendo la habilitación de la feria judicial para tratar el caso. Según fuentes judiciales, DEME cuestiona la falta de igualdad de condiciones en la licitación, argumentando que los datos técnicos fueron elaborados por Emepa y Jan de Nul, anteriores operadores, lo que genera una posible ventaja competitiva.
El juez Enrique Lavié Pico, encargado del caso, notificó al Estado para que presente sus descargos, un proceso que podría ser determinante para definir si la licitación continúa o queda suspendida.
Acusaciones de direccionamiento
El conflicto no es nuevo. En 2022, la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) ya había frenado un proceso de licitación similar al emitir un informe lapidario sobre la falta de razonabilidad en las estipulaciones. Esta vez, los mismos técnicos están revisando los pliegos y condiciones actuales. La PIA ha señalado que muchos de los involucrados en el proceso anterior, calificado como irregular, también participaron en la redacción de los nuevos términos.
Empresas como DEME y el gigante chino CCCC cuestionan la validez de los datos técnicos y las condiciones impuestas, como la exigencia de experiencia previa en dragado continuo en vías fluviales similares, un requisito que consideran restrictivo y favorecedor para Jan de Nul.
Un campo de batalla internacional
El escenario de la Hidrovía enfrenta tensiones geopolíticas y económicas. Desde 2020, la concesión de esta vía estratégica ha sido objeto de disputas entre actores globales, como las empresas belgas, chinas y locales. CCCC, respaldada por el gobierno chino, argumenta que excluir a compañías con accionistas estatales atenta contra la competencia justa, mientras que en el Gobierno aseguran que otorgar la concesión a empresas estatales extranjeras podría comprometer la soberanía nacional.
El trasfondo político y económico
El dragado y la señalización de la Hidrovía representan no solo un negocio millonario, sino también un monopolio que podría extenderse por hasta 60 años. La licitación actual, que no pasó por el Congreso, se criticó por no figurar entre las firmas autorizadas a privatizar bajo la Ley Bases.
La historia reciente de la Hidrovía incluye denuncias de corrupción, como los US$ 600.000 que admitió haber pagado el empresario Gabriel Romero en el marco de la causa Cuadernos, un episodio que aún genera desconfianza en el manejo de estas concesiones.
El rol del Gobierno y los tiempos en juego
La administración de Javier Milei ha intentado desmarcarse del pasado al disolver la Administración General de Puertos (AGP), a la que describieron como un “antro de corrupción”, y crear la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Sin embargo, los pliegos de la actual licitación los elaboró la AGP, lo que ha encendido alarmas sobre la continuidad de prácticas poco transparentes.
En las próximas semanas, la Justicia deberá decidir si la licitación sigue su curso o se suspende para atender los reclamos de las empresas interesadas. Mientras tanto, otras compañías evalúan presentar medidas cautelares similares, anticipando un largo y conflictivo proceso.
El Intransigente