A través de la Resolución 2/25, el Ministerio de Salud de la Nación derogó este lunes el Programa de Salud en Contextos de Encierro. Éste había sido creado en 2012, bajo la segunda presidencia de Cristina Kirchner, “con el objetivo de mejorar la calidad en el acceso a la salud de las personas en contextos de encierro mediante el fortalecimiento de los sistemas sanitarios penitenciarios federales y provinciales de todo el país”.
Según la Resolución 1009/12, que estableció su creación, este plan sanitario estaba destinado “a las personas detenidas en establecimientos penitenciarios de todo el país” y sus funciones eran “promover el acceso al cuidado de la salud de las personas en contextos de encierro; propender a través del fortalecimiento de los sistemas sanitarios la implementación de políticas públicas diseñadas por el Ministerio de Salud de la Nación en las Unidades Penitenciarias y Alcaldías del país y equiparar la atención sanitaria del medio libre con la atención sanitaria en contextos de encierro”.
Además, tenía también entre sus objetivos el de impulsar “el establecimiento de un sistema de información estratégica que incluya la vigilancia epidemiológica, el monitoreo, la evaluación de la calidad y del impacto del programa”.
Por qué el Gobierno avanzó con su eliminación
Entre los considerandos de la Resolución, el Ministerio de Salud, que dirige Mario Lugones, explicó que “a pesar de los fines loables que se persiguen, cabe destacar que las jurisdicciones provinciales, así como las penitenciarías federales, disponen de sistemas de salud organizados dentro de sus servicios penitenciarios, que garantizan el acceso a la salud de la población carcelaria, lo que implica una multiplicidad de organismos, tanto nacionales como provinciales, interviniendo sobre una misma problemática”.
También agregó que “no se dispone de datos estadísticos, ni indicadores sanitarios que den cuenta que la implementación de este programa redunde en una mejora de la toma de decisiones en salud, por lo cual no se pueden mostrar beneficios basados en evidencia sobre la salud de las personas privadas de la libertad en unidades de detención, durante su detención y al momento del egreso de los establecimientos penitenciarios”.
Por otra parte, señaló que la Resolución N° 2536 del 20 de septiembre de 2021 “ha carecido de operatividad toda vez que no se ha celebrado convenio alguno con las provincias, y como consecuencia de ello, tampoco se han implementado los informes de gestión”. “Todo lo expuesto anteriormente, deriva en la necesidad de derogar la norma”, concluyó.
Fuente: Filo News