Una investigación por una defraudación que tiene como imputado al canciller argentino Gerardo Werthein volvió a estar activa en Rosario, luego de haber sido enviada al archivo sin ningún fundamento. Se trata de un juicio entre privados que originariamente se cifró en US$84 millones, pero hoy supera los 100 millones de esa moneda, por la venta de los terrenos de la fábrica de Yerba Mate Cachamai que había sido cedida al grupo Werthein entre otros activos.
Por el cobro de la deuda reactivada este año tras el cierre judicial hay desatada una guerra que involucra al jefe del Palacio San Martín. El caso había sido remitido al archivo el primer día hábil de este año sin una razón que lo justificara. La única novedad, para ese momento, era que Gerardo Werthein fue aportante de campaña libertaria, era candidato a ocupar la embajada argentina en Washington. Fue también quien pagó el avión privado para el primer viaje de Javier Milei a Estados Unidos tras el triunfo en el balotaje que lo llevó a la Casa Rosada.
Más que una causa, la que implica al canciller actual es una novela que lleva más de doce años donde se entreveran asuntos opacos, traiciones multimillonarias, entendimientos súbitos entre partes que se denunciaban con energía y un trámite judicial por completo caprichoso. A Gerardo Werthein no le cabe todo eso, según los fiscales, sino una parte.
Una historia que comienza en 2003
Es una historia llena de sinuosidades que arranca en 2003 cuando el empresario rosarino Leo Saul Grinschpun le prestó al Grupo W SA un monto de dinero y bienes que incluyeron los terrenos de Cachamai en Villa Gobernador Gálvez, efectivo, bonos y otras propiedades. El Grupo W que controlaría Telecom en 2003 necesitaba por entonces fondearse para distintos emprendimientos.
En 2012 ambas familias, que se conocían hacía décadas, sellaron un convenio de reconocimiento de deuda contraída en 2003 en la Escribanía Marquine Villar en Punta del Este por una suma de US$84.060.197 y tres anexos sobre las formas y monto de pago. Firmaron Leo Grinschpun como acreedor y Daniel Werthein por el Grupo W, que integran también en su directorio sus familiares Gerardo, Adrián y Darío Werthein.
Ese convenio al no cumplirse generó de parte de los Grinschpun una demanda de cobro en el juzgado Comercial Nº 7 de Rosario. Pero un día, muy extrañamente, los hijos de Leo Grinschpun, Marcelo y Samantha, firmaron un desistimiento ante un escribano público rosarino. Vale decir los dos herederos, de la nada, actuaron de una manera incomprensible, renunciando a recibir una fortuna. Su padre había fallecido en enero de 2016. El 2 de marzo Marcelo y Samantha le cedieron a su abogado, Matías Scalona, sus derechos litigiosos lo cual ascendía al 40% de lo que el grupo W les debía. Según fuentes de la causa lo hicieron en total confianza. Scalona había sido un protegido de su padre y casi un hermano para ellos. Le tenían fe absoluta por lo estrecho del vínculo y, dijeron, firmaron a ciegas.
Para 2015 las cosas entre deudores y acreedores estaban bien podridas. Daniel Werthein, socio y familiar del actual canciller, denunció en octubre de ese año ante el fiscal federal porteño Carlos Stornelli a Grinschpun y luego entregó un contradocumento cancelatorio de deuda, con la firma de este último, que neutralizaba los convenios para el pago suscriptos en Uruguay años antes.
La batalla jurídica se tornó más reñida a principios de 2017. Matías Scalona denunció a Daniel Werthein y pidió ser tenido como querellante. Dijo que era absurdo que en el mismo día Leo Grischpun hubiera firmado un convenio para cobrar lo que había prestado en 1988 y al mismo tiempo un documento que negara la deuda que los W mantenían con él. Hubo varios cruces en ese algo estrafalario pleito entre las partes. Hasta que pasó algo completamente inesperado: el 8 de marzo de 2017 Matías Scalona, sin aviso, desistió de golpe de la denuncia contra Werthein y pidió se archivara la causa, por entender que las cosas no habían sido como indicaba su cliente. Ese mismo día el abogado Leopoldo Hernández, socio de Scalona, presentó el documento que habían hecho firmar a los hijos de Grinschpun en la escribanía rosarina de Hugo Massarelli donde insólitamente desistían de sus acciones para cobrar.
Todos aparecían en un mismo día renunciando a actuar: el abogado Scalona de su denuncia, los Werthein de la suya y los hijos de Grinschpun, según sus abogados engañados, a cobrar lo que a su padre le debían desde 1988.
El arreglo
Los que tanto habían peleado quedaron de acuerdo y del mismo lado. Salvo los hijos de Grinschpun que supieron que de ser acreedores a millones de dólares de rompe y raja, según decían por una traición de sus abogados, quedaban sin nada. Por eso el fiscal de Rosario Mariano Ríos les imputó a los letrados Scalona y Hernández haber defraudado a Marcelo y Samantha Grinschpun habiéndoles hecho suscribir con engaño el documento donde desistían del proceso de cobro.
El perjuicio económico para ellos era de los US$84 millones originarios que debían cobrar y se concretó cuando el juez comercial de Rosario Marcelo Quiroga tuvo por extinguido el pleito: si los hermanos renunciaban a la deuda no había litigio y por eso les impuso, incluso a ellos, las costas millonarias del proceso. Para sus defensores esto significó que a los hijos de Grinschpun los habían desfavorecido de todas las maneras posibles: sin un peso de lo que los Werthein debían a su padre y encima con una nueva deuda enorme, la que los obligaba a pagar las desmesuradas costas del juicio cerrado. Para dar una idea de la magnitud, esas costas generaban una obligación fiscal de sellado en la Administración Provincial de Impuestos de 100 millones de pesos.
El que firmó los documentos fue Daniel Werthein. ¿Por qué entonces el actual canciller quedó imputado? Porque integraba como directivo la firma “Los W. SA” que era la que se beneficiaba con la desaparición de la deuda que empezó siendo de 84 millones, pero con intereses de décadas había trepado a más de US$100 millones. El criterio de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Regional de Rosario es que cuando no se distinguen roles específicos en el directorio de una empresa que recibe un reproche penal, este se extiende de la misma manera a todos los directores. Es lo que pasó por ejemplo en la causa por estafa contra los directivos de la agroexportadora Vicentin que lleva la misma oficina fiscal.
Para la querella y la fiscalía fue un plan criminal que cerró perfecto para los Werthein. Lograron que sus acreedores renunciaran a cobrar, hubo una mínima regulación de honorarios para los abogados y todas las medidas cautelares que pesaban sobre la sociedad de los Werthein fueron levantadas.
Los hermanos Grinschpun, sabedores ahora de su perjuicio, radicaron una denuncia penal en 2017 por prevaricato, estafa procesal y obtención fraudulenta de firma. Implicaron a los Werthein. Pero también a los abogados Scalona y Hernández que, según ellos, los arruinaron al engañarlos.
Causa cerrada
En relación a los Werthein la denuncia tuvo otro derrotero asombroso. El fiscal Mariano Ríos formuló los cargos en abril de 2023. Junto a los querellantes dejaron al desnudo la maniobra. Pidieron ver el contradocumento donde supuestamente Leo Grinschpun había renunciado a la deuda que sus deudores dijeron era simulada. Los Werthein adujeron haberlo perdido en una mudanza.
Pero sorpresivamente el primer día de la feria del año judicial 2024 el fiscal Ríos, que había imputado, mandó al archivo la parte de la causa que involucraba al actual canciller, sin que mediara ninguna novedad en el trámite. No dio ninguna explicación al respecto. La fiscal regional María Eugenia Iribarren, ante la protesta de las querellas, convalidó el archivo.
Los nuevos apoderados de los hermanos Grinschpun, Héctor Superti y Sabrina Superti, pedían a la Fiscalía que les mostraran una sola razón desde la imputativa en adelante que motivara cambiar la actitud acusatoria. Una sola cosa, extrajurídica, había pasado: Gerardo Werthein había sido postulado a embajador argentino en Estados Unidos. Sobre la Fiscalía, según versiones extraoficiales, se descargaron muy fuertes presiones para el cierre del caso.
Razones penales, ninguna. Por eso ante un nuevo pedido de reconsideración la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, accedió a que se revisara. El fiscal regional de Santa Fe Jorge Nessier lo hizo y revocó el archivo dispuesto. El que lo había resuelto, Mariano Ríos, renunció a su cargo luego de una serie de situaciones controvertidas, y después de haber sido suspendido 60 días por una de ellas por la Legislatura de Santa Fe. La fiscal regional Iribarren, por su lado, hace tres meses solicitó su jubilación.
Las imputaciones contra Daniel, Gerardo, Adrián y Darío Werthein son por un caso que incluye estafa procesal y fraude para la obtención de la firma de los Werthein. Ninguno de los W. aceptó declarar. Gerardo fue llamado a audiencia imputativa el lunes 17 de abril de 2023 que concretó mediante Zoom. El centro de la imputación fiscal contra ellos indica que el abuso de firma de los hermanos Grinschpun terminaba beneficiando a toda la sociedad, no solo a Daniel W, y con esa renuncia se sacaba un problema de encima la compañía W. Más allá de que haya firmado Daniel para la Fiscalía es toda la sociedad la que estaba comprometida en el ilícito presunto.
Archivo revocado
El desarchivo del caso significa que el canciller argentino vuelve a estar imputado como partícipe primario de los hechos que hicieron que los hijos de Grinschpun fueran perjudicados y por generar “un indebido beneficio a la sociedad Los W SA que usted integraba como director” ya que con esa acción la deuda para los Werthein, reconocida en el convenio de pago de 2012, se extinguió.
El fiscal Nessier ordenó reabrir la causa porque se cerró con medidas pendientes cuya realización fue solicitada. Los abogados querellantes dicen que el caso debe avanzar hacia la acusación, lo que es, si se admiten las pruebas que ofrezcan Fiscalía y querella, la antesala del juicio oral.
El canciller Werthein tiene abierto este frente penal en un momento de conflictos abiertos por su desempeño público. Esta misma semana la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) lo cuestionó por intimar mediante carta documento a una periodista del diario Clarín a que cese de dar informaciones “inexactas o no corroboradas” sobre el gendarme argentino Nahuel Gallo detenido en Venezuela y los asilados venezolanos en la embajada en Caracas. La entidad periodística replicó a Werthein en duros términos que carece de atribuciones para practicar la censura previa.
Werthein es uno de los inversores que adquirió el paquete accionario del grupo periodístico uruguayo El Observador, que en Buenos Aires funciona en especial con una radio que dirige Luis Majul, uno de los pocos periodistas que entrevista rutinariamente a Milei.
La familia Werthein es una de las más ricas de la Argentina, controladora de un holding con intereses ramificados en seguros, agronegocios, alimentos y bebidas, y telecomunicaciones. Desde 2019 el actual canciller está distanciado a nivel societario de sus familiares. El tema por el cual tiene una causa ahora reabierta por la Justicia de Rosario es anterior a ese año.
elDiarioAR