Luego de un año de gobierno de Javier Milei, y a pesar de todas las promesas que éste hizo en campaña y sigue haciendo desde el Gobierno, la presión fiscal sobre la actividad agrícola -principal generadora de ingresos del país- se continuó incrementando: ahora el Estado (en todas sus formas) se queda con 64,30 pesos de cada 100 pesos de rentabilidad que se genera en una hectárea agrícola. Hace un año atrás, cuando terminaba el gobierno de Alberto Fernández, esa misma relación era del 59%.
Cada seis meses, FADA (la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) hace esta misma medición con los mismos parámetros: mide la renta agraria que dejan cuatro cultivos (soja, maíz, trigo y girasol) en cuatro provincias (Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba), y contrasta esa suma con la presión impositiva vigente.
Esa es la base que permite decir que, pese a todo lo prometido, la presión fiscal sobre un chacarero subió en el primer año de gobierno de Javier Milei, aunque la responsabilidad no sea únicamente suya.
“Comparado con diciembre 2023 es 5,4 puntos más alto”, dice el informe de FADA hablando de la presión fiscal medida este mes. En relación a septiembre pasado, fecha de la anterior medición, el índice de presión fiscal subió 2,8 puntos.
La parte de responsabilidad de Milei en esta fotografía negativa es clara: no retrotrajo ni una décima las retenciones, que en el caso de la soja siguen en 33% y se ubican en 12% en el resto de los granos. Pero tampoco bajó otros impuestos claves, como IVA, Ganancias, Renta Presunta, Bienes Personales, etcétera.
El combo es que el Estado nacional sigue siendo responsable del 94,7% de la presión fiscal sobre una hectárea agrícola, mientras que el 4,7% de los impuestos son provinciales y solo 0,6% son tasas municipales, de las se quejan tanto los productores, que por ahora prefieren no canalizar sus quejas contra el gobierno libertario.
Pero la culpa del Gobierno nacional se relativiza porque la suba de la presión fiscal se debe a que han caído fuertes los precios internacionales de los granos, mientras pierde impacto el sobreprecio que se obtenía por el dólar blend o exportador. Así las cosas, retrocede la renta agrícola mientras se mantiene la presión. En consecuencia, los productores sientes que la soga se les sigue ajustando en el cuello.
La persistencia de retenciones es clave. De los impuestos que cobra la Nación, el 67,5% no se coparticipa a las provincias, empezando por los Derechos de Exportación (DEX).
Es decir que si se eliminaran las retenciones, FADA calculó a “modo de ejercicio”, la participación del Estado sobre la renta agrícola sería del 36%, es decir que se reduciría casi a la mitad. Por lo tanto, no hay excusa que valga.
Como sea, el año de gestión de La Libertad Avanza se fue en promesas y la situación empeoró: el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 64,3%, pero la participación del Estado en la renta de la soja trepa a 68,5% y toca 69,5% en el caso del trigo, que ahora se está cosechando. Se morigera a 56,6% en maíz y a 59,1% en girasol.
¿Por qué subió el índice de presión fiscal sobre los agricultores? “Los precios comenzaron a caer, principalmente en los primeros meses de 2024, para encontrarse hoy por debajo del promedio de los últimos cinco años”, explican desde FADA. Y agregaron que “la caída de los precios, aún con mayores niveles de producción tras la recuperación de lo que fue la sequía, hacen reducir el valor bruto de la producción”.
“En este contexto, con precios debilitados, sumado a la pérdida de efecto del dólar exportador, generan una presión mayor en la participación del Estado en la renta agrícola, con un menor valor de la producción”, completaron.
Comparando los últimos 12 meses, (diciembre de 2023 versus el mes actual) los precios de los granos en dólares, muestran una caída del 10% en soja, 4,4% en maíz y 9,3% en trigo.
Mientras el Índice FADA nacional es de 64,3%, Córdoba registra un 64,1%, Buenos Aires 61,4%, Santa Fe 60,5%, La Pampa 62,3%, Entre Ríos 65% y San Luis 59,1%.
Los impuestos nacionales, van en línea con el valor de la producción y con la rentabilidad en cada provincia, por lo que son más altos en términos absolutos, es decir en pesos, en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, y más bajos en San Luis, La Pampa y Entre Ríos.
Los impuestos provinciales presentan divergencias. Por ejemplo, Buenos Aires tiene impuestos provinciales como inmobiliario rural, ingresos brutos e impuesto a los sellos.
Por su lado, los partidos cobran sus propias tasas. Los impuestos provinciales y municipales son 26.708 pesos por hectárea. Mientras que Entre Ríos solo tienen impuestos provinciales como impuesto inmobiliario rural, ingresos brutos e impuesto a los sellos, sin impuestos locales. Los impuestos provinciales alcanzan 14.040 pesos en Entre Ríos.
FADA apuntó que así, “una provincia como Buenos Aires que paga más impuestos nacionales, provinciales e incluso municipales, por sus costos, valor de producción, entre otros, tiene un Índice menor que Entre Ríos donde los impuestos son menores”.
Bichos de Campo