A pesar de que los motores de búsqueda y las plataformas digitales generan la mayor parte de la audiencia de los medios en línea, a la vez restringen el acceso externo a sus datos, lo que obstaculiza cualquier análisis independiente sobre la distribución de los contenidos periodísticos. La Ley Europea de Servicios Digitales (DSA) busca solucionar este problema estableciendo un derecho de acceso a estos datos dirigido a las autoridades nacionales competentes y los investigadores acreditados.
Sin embargo, las condiciones de este acceso, recientemente especificadas por la Comisión Europea y sometidas a consulta pública hasta el 10 de diciembre, siguen siendo restrictivas y peligrosas.
“Nos encontramos en una situación en la que un puñado de empresas privadas, a instancias de los intereses económicos o la ideología de sus propietarios, controlan el acceso de cinco mil millones de ciudadanos a la información periodística. Aunque la apertura de los datos de las plataformas prevista en la DSA es un avance hacia una mayor transparencia, las condiciones de acceso siguen siendo inciertas, repletas de obstáculos e inseguridades jurídicas. RSF insta a la Comisión Europea a garantizar medidas efectivas que impidan a las plataformas limitar de manera abusiva el acceso a sus datos, especialmente aquellos relativos a contenidos periodísticos”, Arthur Grimonpont | Responsable de IA y Desafíos Globales de RSF
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En los últimos meses, las plataformas digitales han endurecido significativamente las restricciones de acceso a sus datos. Este proceso alcanzó su punto crítico en agosto, con la retirada de CrowTangle, la herramienta de Meta que permitía analizar la propagación de desinformación en Facebook e Instagram. A esta decisión, ampliamente criticada por investigadores y organizaciones de la sociedad civil, se sumó una drástica reducción de la visibilidad de los contenidos periodísticos en estas plataformas. Como resultado, en 2023, la audiencia de los medios en línea experimentó una caída del 48% en Facebook y del 27% en X (antes Twitter).
La Ley de Servicios Digitales (DSA) obliga a las plataformas digitales y motores de búsqueda a proporcionar a las autoridades nacionales competentes y a los investigadores acreditados los datos necesarios para analizar, prevenir y mitigar los «riesgos sistémicos». Entre estos riesgos se encuentra el impacto negativo de sus servicios en «la libertad de expresión e información, incluyendo la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación». En un contexto en el que las plataformas digitales están bajo el escrutinio de la Comisión Europea, que demanda una mayor transparencia, la falta de claridad jurídica sobre los datos que deben recopilarse y los procedimientos para acceder a ellos podría abrir la puerta a que estas empresas eludan sus responsabilidades.
Para garantizar la posibilidad de llevar a cabo investigaciones independientes sobre la libertad de prensa y el pluralismo informativo en el entorno digital, RSF respondió a la consulta de la Comisión Europea con tres peticiones clave:
- Exigir a las plataformas y motores de búsqueda que recojan, estructuren y pongan a disposición de las autoridades competentes y los investigadores acreditados datos relacionados con la audiencia, la recomendación, la moderación y la (des)monetización de contenidos periodísticos, garantizando un alto nivel de granularidad -nivel de detalle o especificidad- en términos temporales, geográficos y temáticos.
- Establecer salvaguardas que impidan que la protección de información confidencial o el secreto comercial se utilicen como excusa para bloquear injustificadamente el acceso a datos sobre contenidos periodísticos.
- Especificar claramente los casos en los que es legítimo apelar a la protección de información confidencial o el secreto comercial, excluyendo expresamente del ámbito de aplicación los datos de interés público vinculados al periodismo.
Fuente: Reporteros sin Fronteras