La justicia paraguaya dictó este jueves el arresto domiciliario en el país para el senador nacional Edgardo Kueider. Permanecerá en un departamento de la ciudad de Asunción con control permanente de la policía nacional local. Además, se fijó una fianza personal de u$s150 mil para él y el mismo monto para su secretaria, también detenida.
Uno de los fiscales del caso, Alcides Giménez Zorrilla, confirmó que la justicia paraguaya dictó el arresto domiciliario porque cree que sería un riesgo para el proceso deja regresar al senador Kueider a la Argentina. Esta medida había sido pedida por el Ministerio Público Fiscal. También habían solicitado la prohibición de la salida de Paraguay.
El pedido de arresto domiciliario fue hecha por el Ministerio Público Fiscal “a los efectos de que se someta al procedimiento de tal manera de que podamos asegurar su comparecencia y su procesamiento dentro de esta causa”, informó Giménez Zorrilla en una entrevista en C5N.
El fiscal explicó que a partir de ahora se abre otra etapa de la investigación. Esto permitirá “seguir el curso de los hilos que a nosotros nos conducirá, por ejemplo, a determinar el contrabando del dinero que no se ha declarado o, en su caso, el origen del mismo o si se va a procesar por lavado de activos”, enumeró.
La investigación recién comienza y la justicia paraguaya tiene seis meses de tiempo para llevarla a cabo, tal como lo fija su Código Procesal. Por lo tanto, el fiscal no quiso adelantar cómo seguirá la causa ni las penas que podrían caberle al senador Kueider.
Cómo sería el proceso de una eventual destitución de Kueider en el Senado
Los senadores y diputados están exentos de los procedimientos de juicio político, reservados a miembros del Poder Ejecutivo y Judicial y cuyos cargos penden de la votación de los miembros del Congreso. Sin embargo, para ellos se dispuso otro mecanismo interno: el tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales, espacio permanente en ambas cámaras que determina -entre otras responsabilidades- las sanciones a los parlamentarios.
Aquí existe una particularidad coyuntural: el propio Kueider es quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado. Sin embargo, como anticipó que pedirá licencia hasta que se dilucide su situación judicial en Paraguay, en donde permanece a disposición de la justicia local, su lugar podría ser ocupado por la vicepresidenta del espacio, la senadora tucumana Sandra Mendoza (Unión por la Patria).
Ella es quien puede convocar a una reunión para abordar un procedimiento de sanción e incluso de desafuero del senador entrerriano, en los términos que establece la Ley 25.320: existen 60 días para emitir dictamen y 180 para tratar la causa en el recinto, con o sin dictamen. La neuquina Lucila Crexell es la única compañera del bloque de Kueider, llamado Las Provincias Unidas, que integra la Comisión de Asuntos Constitucionales. En ese sentido, habría amplia mayoría para determinar las sanciones que se consideren pertinentes.
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