En los últimos días, los represores de la última dictadura cívico militar que están detenidos en cárceles avanzaron con una nueva estrategia para conseguir la prisión domiciliaria. Se trata de un habeas corpus que presentaron organizaciones que defienden a los autores de delitos de lesa humanidad y abogan por su excarcelación; si bien la justicia nacional de primera instancia no había hecho lugar al recurso, la Cámara de Apelaciones ordenó que se pidan nuevos informes a la justicia federal, motivo por el que dos sobrevivientes de la dictadura pidieron intervenir en el caso.
“La justicia nacional se encuentra investigando a la totalidad de los jueces federales por el trato deparado a los militares y policías presos por la guerra de los 70. Ha pedido informes por el incumplimiento de la Convención Interamericana de Derechos de los Adultos Mayores”, tuiteó el 26 de noviembre último la Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia, uno de estos grupos que defienden a los genocidas de la última dictadura.
La presentación la hicieron organizaciones pro-represores en conjunto. Por ejemplo, una de las personas que aparece en el hábeas corpus, al que tuvo acceso El Destape, es Cecilia Pando, histórica defensora mediática de genocidas de la dictadura y presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina. El año pasado, se conocieron imágenes de la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, marchando junto a Pando en 2005 en la puerta de Comodoro Py para pedir por la liberación de criminales de lesa humanidad que no tenían condena firme, a quienes llamaba presos políticos.
El nuevo pedido de habeas corpus se hizo en representación de más de 80 represores autores de delitos de lesa humanidad con condena firme. El principal argumento de estas organizaciones es la edad de los involucrados y la supuesta falta de condiciones del Servicio Penitenciario Federal. En el texto señalaron que se hacía “en favor de los adultos mayores detenidos en cárceles, por la omisión de las disposiciones contenidas en la Convención Interamericana de Protección a Personas Mayores, con jerarquía constitucional por ley 27.700, que obliga al Estado a adoptar medidas alternativas a la prisión carcelaria, menos gravosas, previstas en la Ley de Ejecución Penal y el Código Procesal Penal Federal, y que deben ser interpretadas y aplicadas de conformidad con la citada convención”. Además, expresaron que “el sistema penitenciario se encuentra superpoblado y fue declarado en emergencia”.
El Juzgado Nacional y en lo Criminal y Correccional Número 27 rechazó el recurso. “Ya que no se ha verificado en el caso obstaculizaciones o incumplimientos concretos en relación con los derechos de los adultos mayores en situación de encierro carcelario, se rechazará la acción intentada”, señaló. No obstante, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ordenó al juzgado de primera instancia que solicite informes a los tribunales federales sobre las condiciones de los presos. Además, resolvió que debe haber una audiencia en la que deben estar representados la Secretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, el Servicio Penitenciario Federal, el Ministerio Público Fiscal y el Defensor Público Oficial de turno.
En un documento revelado en redes sociales por la periodista Luciana Bertoia se conoció la respuesta del Servicio Penitenciario, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, sobre las condiciones de los presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo. No solo no se habla de superpoblación o complicaciones, sino que se cuenta que los represores pueden acceder a caminatas guiadas, clases de tenis, clases de “reeducación postural”, clases de flexibilidad y clases de piano, entre otras actividades.
¿A quiénes defienden?
Entre los 83 genocidas mencionados en el escrito, aparece Jorge “Tigre” Acosta, el “represor de la ESMA”, quien estaba a cargo del centro clandestino de detención y tortura que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada. Acosta cumple una condena a prisión perpetua por 82 crímenes de lesa humanidad probados y, además, cumple condenas por su responsabilidad en el plan sistemático de robo de bebés y en los vuelos de la muerte. Amparados en sus 83 años y algunas cuestiones de salud, sus defensores insisten para que se lo saque del Instituto Penal Federal de Campo de Mayo.
También está en la lista Juan Daniel Amelong, de 72 años, sobre quien hace unos meses ya rondó la posibilidad del beneficio de la prisión domiciliaria. En aquel momento, Abuelas de Plaza de Mayo expresó su preocupación. “Durante el terrorismo de Estado, Amelong revistió el cargo teniente coronel del Ejército y formó parte de los grupos de tareas que dependían del Destacamento 121 de Inteligencia de Rosario. Acumula cinco condenas por delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo que funcionó en Rosario durante la última dictadura. Tiene tres cadenas perpetuas, una sentencia por 10 años y una quinta por la sustracción de los mellizos Valenzuela Negro. Además, se encuentra procesado por la desaparición de los militantes peronistas Miguel Membrive y Gustavo Rave”, señaló en un comunicado el organismo de derechos humanos.
Eduardo Emilio Kalinec, también de 72 años, también figura en la lista de quienes piden transitar su condena por delitos de lesa humanidad en sus casas. Kalinec está condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio del Circuito ABO (Atlético, Banco y Olimpo) durante la dictadura. ubicado por víctimas en salas de tortura. Su hija, Analía Kalinec, es fundadora de Historias Desobedientes, colectivo de hijos de genocidas que defiende los derechos humanos y condena las acciones de sus familiares.
Dos sobrevivientes intervinieron
Rufino Jorge Almeida, secuestrado en 1978 y privado de su libertad en el centro clandestino “El Banco”, y Graciela Beatriz Daleo, secuestrada y sometida a torturas en la exESMA, hicieron una presentación en la Justicia, donde refutaron los argumentos de las organizaciones pro-represores. En el escrito, al que tuvo acceso este portal, los sobrevivientes del terrorismo de Estado remarcaron que quienes presentaron el habeas corpus no lo hicieron en defensa de todos los mayores de 65 años que están en establecimientos penitenciarios, sino que solamente mencionaron a personas condenadas por delitos de lesa humanidad.
Además, adjuntaron el informe que hizo en 2022 la Secretaría de Derechos Humanos sobre las condiciones de detención de los imputados por delitos de lesa humanidad. En el mismo, se explicaba que estaban dadas las condiciones para atender diversas cuestiones de salud de los detenidos, en contraposición a lo que dicen estas organizaciones. Asimismo, los sobrevivientes marcaron que, en los casos en los que no se dieron esas condiciones, se otorgó el beneficio de la domiciliaria: de los 630 detenidos por delitos de lesa humanidad, 501 tienen prisión domiciliaria.
El Destape