La Policía de Salta detuvo ayer al abogado Álvaro Arias Camacho y a la comunicadora Sol Villena. El episodio, que mereció el repudio generalizado, comenzó cuando la joven intentó filmar a policías que desalojaban con rudeza a un vendedor ambulante. El Comité Provincial de Prevención de la Tortura, la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta y un amplio arco de organizaciones repudiaron la detención arbitraria.
“Es una muestra más de lo mal que funciona todo el sistema, de la ignorancia que tiene toda la Policía. Fui a defender a mi esposa porque una oficial le había faltado el respeto ahí en la peatonal y se la quería llevar demorada” porque “supuestamente ya había estado filmando un operativo, pero ni siquiera lo estaba filmando, sino que fue de pasada, estaba haciendo un trabajo y la Policía no quiso que la filmen”, sostuvo Arias Camacho tras obtener la libertad en la tarde.
Arias se presentó como abogado ante la Policía, y les dijo que estaban realizando mal el procedimiento y que los iba a denunciar. Luego de esto, los efectivos decidieron llevarse detenida a Sol. “No me querían demorar a mí porque yo había llegado después. Yo dije: ‘sin mi esposa no voy a ningún lado'”, contó. Detalló que entonces llegaron otros policías y la hicieron subir al móvil, supuestamente acompañando a Villena. Una vez en la Comisaría Primera, “la suben a ella y me dicen, ‘usted no puede pasar porque usted no está demorado’. Les digo, ‘yo soy el abogado, me tienen que dejar pasar’. Me hacen subir. Cuando subo la escalera, me dicen, ‘ah, bueno, entonces usted está demorado’. Sin explicarme por qué”, relató.
El abogado dijo que le inventaron una causa por amenazas, solo porque había advertido a los policías que los iba a denunciar, lo que no está previsto como configurador de ese delito en el Código Penal.
En la Comisaría Primera el matrimonio permaneció un largo rato. “(Después) Nos trasladaron a contraventores. Cuando llegamos acá, nos hicieron desnudar entero. Me metieron en una celda, con candado, como si estuviera preso. O sea, privación ilegítima de la libertad, algo completamente inconstitucional, ilegal. Y a mí, porque era abogado, no me sacaron el cazoncillo. A los otros muchachos que estaban, les sacaron todo”, relató el abogado.
Arias preside la Fundación Proyectar y es responsable del Centro Comunitario ALFA. En los últimos años ha acompañado diversas causas de derechos humanos. Villena es comunicadora y pedagoga, también integra ALFA, es docente y coordina la Comisión de Educación en Contexto de Encierro de la UNSa, además es directora de articulación institucional y capacitación de la Secretaría de Fortalecimiento Socio Comunitario de la provincia.
El letrado dijo que denunciará las detenciones ilegítimas, “el sistema se maneja así, totalmente arbitrario. Así que esto hay que denunciar porque es un delito que el Estado está legitimando”, afirmó.
Mientras estuvo en la Alcaidía, Arias corroboró situaciones violatorias de derechos humanos por las que pasan las personas detenidas. “Un muchacho hizo pis en una celda porque no lo dejaron entrar al baño. Yo justamente, para probar eso, dije que quería ir al baño y no me dejaron”, contó. “Hay gente que está por contravenciones, que está privada de libertad como un preso. Y (…) si me imputan amenaza, es un delito excarcelable, tampoco podría estar detenido”, señaló.
“Fue un aprendizaje. No me afectó pero sí me hace ver que hay un montón de gente que la está pasando mal. Otra cosa. Cuando nos traían para acá, nos quisieron esposar. Obviamente, nos opusimos y no nos esposaron. Pero al compañero que estaba con nosotros, que estaba por una contravención, una causa más leve que la mía, lo llegaron a esposar. Entonces, uno ve ahí la discriminación”, recalcó Arias.
Abuso policial
El presidente del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta, Rodrigo Solá, intervino ante las detenciones. El organismo emitió un pronunciamiento de repudio estos hechos. “Creemos que hubo un ejercicio abusivo del uso de la fuerza policial en la vía pública; también, que es un derecho de todo ciudadano registrar, filmar bajo cualquier modalidad, dispositivo, sin pedir autorización de cualquier procedimiento policial que se realice en la calle, en este caso en contra de manteros, podría haber sido cualquier otro tipo de situaciones, así que en este caso Sol Villena estaba haciendo ejercicio de un derecho constitucional”, dijo Solá a Salta/12.
“En el caso de Álvaro, creemos que hubo diferentes afectaciones particulares por su condición de abogado y las garantías con las que debe contar para poder ejercer el derecho a la defensa de manera adecuada”, añadió.
Dijo que seguirá en diálogo con Arias y Villena para “acompañar todas las medidas que estimen pertinentes para que hechos de esta naturaleza no se vuelvan a repetir”.
Además, el comisionado recalcó que la Policía no tiene facultades para detener personas por averiguación de antecedentes o por cualquier otro motivo, salvo que se encuentren cometiendo un delito en flagrancia. “En este caso ni estaban cometiendo delitos ni había ninguna sospecha o indicio de que lo pudieran haber cometido, entonces hubo un ejercicio abusivo de esa facultad”, insistió.
El Comité contra la Tortura reiteró su preocupación y rechazo a las detenciones indiscriminadas en la vía pública que se realizan, dijo, con el único objetivo “de disciplinar y estigmatizar a las personas, violando su derecho a transitar, a peticionar a las autoridades y protestar en defensa de los actos contrarios a los Derechos Humanos”.
“Estas acciones son intolerables en un Estado de derecho, no debiendo naturalizarse, ni utilizarse la privación de la libertad como medidas disciplinarias-ejemplificadoras frente a protestas razonables de los ciudadanos”, advirtió el Comité.
La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta también repudió las detenciones, y reclamó que se preservaran sus garantías constitucionales y su integridad. También se pronunciaron la Asociación de Docentes e Investigadores de UNSa (ADIUNSa), la Asamblea LesboTransfeminista, la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, la Red de Derechos Humanos de Salta, entre otras organizaciones.
Página/12