Desde 2021, el desmonte está prácticamente prohibido en varias provincias, limitando enormemente la actividad productiva. Según López, estas restricciones no siempre están respaldadas por criterios científicos sólidos, lo que genera frustración y tensiones.
En el Chaco se logró realizar un proyecto de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos con la plena participación de todos los sectores, incluidas las ong ambientalistas, y un equipo técnico compuesto por destacados profesionales en cada una de las materias, para luego ser elevado a la Legislatura, la que lo aprobó por mayoría, explicó López.
Sin embargo, ese OTBN “nunca fue validado por la Secretaría de Ambiente de la Nación, y como consecuencia, no tenemos un instrumento legal para frenar los desmontes ilegales, pero no solo eso, la justicia accede al pedido de quienes ideológicamente quieren frenan el desarrollo, y aún estamos esperando el derecho a la defensa, y todo va en contra el sector privado, es un contrasentido enorme”, dijo el ex director de Bosques.
“Los ambientalistas utilizan la Ley de Bosques de manera parcial, enfocándose en prohibiciones sin asegurar el financiamiento necesario para la conservación”, denunció. Agregando que, “esto generó que proyectos de manejo forestal sostenible queden estancados por falta de apoyo económico, mientras aumentan las presiones legales y mediáticas”.
Pedido de ”ayuda” a Milei
“Está el sector de la foresto industria en tropiezo tras tropiezo, por eso le pedimos ayuda al presidente Javier Milei, porque sabemos que él se ha opuesto firmemente a algunos puntos de la Agenda 2030 sobre todo en lo que respecta a que hay imposiciones que frenan la actividad productiva sin tener argumentos científicos ni técnicos, y que solo son caprichos ideológicos”, indicó Miguel López.
Un punto central del debate es la influencia de los llamados abogados ambientalistas, quienes, según críticos, impulsan medidas desde una perspectiva más ideológica que técnica. Para López, “argumentan que las restricciones, si bien nacen con la intención de proteger el medio ambiente, no consideran las realidades productivas ni las consecuencias sociales, como la pérdida de empleo o el deterioro de las economías locales”.
“Es importante distinguir entre quienes realmente buscan el desarrollo sustentable y aquellos que utilizan el ambientalismo como herramienta para frenar cualquier tipo de producción”, sostuvo el referente del sector.
Por otro lado, señaló que las políticas ambientales en Argentina parecen más alineadas con agendas internacionales que con las necesidades locales. La referencia a la “Agenda 2030” y las normas europeas genera debate, ya que algunos las consideran incompatibles con las particularidades del contexto argentino.
Impactos sociales y económicos
En este contexto, la paralización de la actividad foresto industrial tiene consecuencias directas sobre miles de familias que dependen de ella. Desde trabajadores en aserraderos hasta transportistas, la cadena productiva enfrenta un futuro incierto.
“Los productores también denuncian la falta de seguridad jurídica, por lo que la constante emisión de amparos judiciales contra proyectos forestales desincentiva las inversiones y dificulta la planificación a largo plazo”, alertó López.
Y lamentó que “nadie quiere invertir en un sistema donde cualquier abogado puede detener un proyecto productivo con una denuncia”.
Además, las restricciones afectan la competitividad frente a otras provincias que lograron consensos y avances en sus políticas forestales. “Santiago del Estero, por ejemplo, ha implementado legislaciones que garantizan la previsibilidad y el desarrollo sustentable, permitiéndole destacarse en el ámbito nacional”, cerró el productor forestal.
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