El fiscal federal Marcelo Colombo pidió este martes imponer una condena de 15 años de prisión a Marcelo D’Alessio por los delitos de “asociación ilícita, extorsiones, amenazas coactivas, tenencia de arma de guerra, encubrimiento y violación a la ley de inteligencia”. El pedido, realizado ante el Tribunal Oral Federal 8, marcó la culminación de un extenso alegato que abarcó seis audiencias donde se expusieron las pruebas contra el falso abogado, en el marco de la causa que lleva su nombre y que captó la atención política. Este caso, iniciado durante el gobierno de Mauricio Macri, fue señalado por el ex presidente Alberto Fernández y la ex vicepresidenta Cristina Kirchner como evidencia de la presunta actuación de los servicios de inteligencia en el ámbito judicial.
Además de la condena contra D’Alessio, el fiscal Colombo también pidió diez años de prisión para el agente de inteligencia Rolando Hugo Barreiro; tres años de prisión para el ex policía Norberto Aníbal Degastaldi; y Ricardo Oscar Bogoliuk, quien reportó como espía; y el también agente de inteligencia Rolando Hugo Barreiro. El pedido de condena incluyó a Aldo Sánchez, Pablo Bloise y Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti, de tres años de prisión como miembros de la asociación ilícita. La fiscalía solicitó también la absolución de Mariano Rubén Díaz y el ex prefecto Franco Pini. En el curso de la causa se suicidaron otros dos acusados: Carlos Liñani y Eduardo Ariel Menchi, alias “Chispa”.
Del debate no formó parte el ex fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone, porque había puntos pendientes aún en instrucción. Tampoco el fiscal Carlos Stornelli, quien fue sobreseído en este expediente este año. “No se cuenta en autos con elementos de prueba alguno, entendido como el dato objetivo incorporado legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la imputación delictiva, con la idoneidad conviccional que le otorgue relevancia y utilidad. Tampoco restan por producirse otros elementos de prueba para dilucidar dichos eventos y la eventual participación que Carlos Stornelli pudiera tener”, dijo en marzo pasado el juez Julián Ercolini, al hacer lugar al pedido de sobreseimiento de la fiscalía. La decisión fue ratificada en la Cámara Federal.
El caso D’Alessio sacudió a la política en el verano de 2019 y salpicó al fiscal federal Stornelli, que por ese entonces impulsaba la causa de los Cuadernos. En aquel momento, un empresario aseguró en el juzgado federal de Dolores que D’Alessio le pedía plata para arreglar con Stornelli no ser uno de los detenidos en esa megacausa, luego de la confesión de un arrepentido que nunca existió.
Mientras la diputada Elisa Carrió denunciaba una operación para voltear el caso Cuadernos y aportaba las transcripciones de lo que fue la base de la causa conocida como Operativo Puff, el entonces juez de Dolores Alejo Ramos Padilla avanzó con una investigación y las pistas se profundizaron durante el allanamiento a la casa del falso abogado. Cuando a D’Alessio le tocó declarar, dijo que fue todo “una cama” y que él estaba haciendo una “operación” que le había encomendado un ex policía vinculado a la AFI. A cambio, le prometieron nombrarlo director de Asuntos Complejos de la AFI.
D’Alessio está preso desde aquel verano de 2019. Muchas veces se especuló con que pudiera convertirse en un arrepentido. En el interín, fue condenado a cuatro años de prisión por intento de extorsión en el llamado “caso Traficante” por el Tribunal Oral Federal 2, el mismo que juzgó a Cristina Kirchner. En sus últimas palabras, en aquel juicio, D’Alessio afirmó: “Lo ideal era que me suicide”. Según pudo saber Infobae, durante gran parte de su detención D’Alessio estuvo aislado. Incluso, en su celda le habrían dejado una soga.
En abril del 2020, el fiscal federal de Dolores Juan Pablo Curi pidió elevar el caso a juicio oral. En diciembre del 2021, la Cámara Federal de Casación, a casi tres años de que se haya iniciado la causa D’Alessio, resolvió que la competencia de ese expediente le pertenecía a los tribunales federales de Retiro. A esa causa también estaban “atadas” otras que involucraban al macrismo y el mundo de la inteligencia: la actividad en llamadas bases AMBA y el supuesto espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan por parte del ex presidente Mauricio Macri -procesado en Dolores y sobreseído por la Cámara Federal y la Cámara Federal de Casación Penal-.
El juicio por el caso D’Alessio avanzó en Comodoro Py 2002. Desde septiembre de 2023, los jueces Sabrina Namer, Gabriela López Iñiguez y Nicolás Toselli escucharon las pruebas sobre los vínculos de D’Alessio con periodistas, fiscales y jueces, sino también la llamada “operación Fantino” o las tareas de contrainteligencia sobre la fallecida Natacha Jaitt. Según la hipótesis de la causa, D’Alessio buscaba neutralizar a la modelo luego de su participación en el programa de Mirtha Legrand. Allí, Jaitt expuso a distintas personalidades y las acusó de estar relacionadas a casos de abusos sexuales y pedofilia sufridos por jugadores de la reserva del Club Atlético Independiente. Mientras tanto, los intentos de ser excarcelado del falso abogado fueron descartados en Casación.
El alegato de la fiscalía por parte de Colombo y Miguel Yivoff llegó después de que las querellas también hiciera su lectura de lo que pasó en el juicio que comenzó en septiembre del 2023. La mayoría de las querellas -salvo Pablo Tobilino- pidió la condena de D’Alessio: Mario Cifuentes pidió 4 años y 6 meses, Gabriel Garcés reclamó 5 años y 6 meses y Diego Vestillero solicitó 5 años y 2 meses. En tanto la querella de Pedro Etchebest, José Manuel Ubeira y el productor de chalecos antibala Pedro Andujar exigieron 10 años de prisión. La Unidad de Información Financiera, querellante en la causa, apuntó a una condena de 5 años.
Pero la pena más alta fue solicitada por el Ministerio Público, que dio una mirada global a toda la investigación y a los delitos en juego. En agosto del 2021, el Tribunal Oral Federal 2 ya condenó a cuatro años de prisión a D’Alessio por intento de extorsión, junto a algunos de los implicados en esta causa, como Bidone o Barreiro por la extorsión a Traficante, mencionado en la causa de la mafia de los contenedores. La denuncia de Traficante, impulsada por el abogado Luis Charro, fue el puntapié de lo que después se exhibió como un modus operandi del falso abogado. “Me dolió la canallada de los que corrieron en estado de pánico a usar los medios diciendo que era un loquito, un fabulador o que dialogaba sobre narcotráfico o calibres de proyectiles sónicos con un nietito”, dijo en ese momento D’Alessio antes del veredicto.
Precisamente, el fiscal Colombo tomó varias de las conclusiones de aquella sentencia, en donde habló de la “sensación de bombardeo, de abrumar a la víctima” que era extorsionada. Subrayó que era una constante que D’Alessio simulaba estar vinculado con funcionarios judiciales o con la DEA. Al mismo tiempo, enviaba fotografías de cuerpos mutilados. Les pedía dinero justificado en un servicio jurídico. Y al mismo tiempo se jugaba un “escrache en los medios”. Luego, señaló, D’Alessio se encargó de “aparentar” ante la víctima poder manejar todas esas situaciones. La fiscalía mencionó las “secuelas psicológicas” provocadas en las víctimas, en donde alguno habló de “muerte civil” o la “pérdida de negocios” como consecuencia de estos aprietes.
A partir de la semana próxima, D’Alessio buscará rechazar las acusaciones. La estrategia estará a cargo de la defensora oficial, que -antes del inicio de los alegatos- logró suspender el debate oral al reclamar un peritaje en el celular secuestrado al falso abogado. Sostuvo que el celular habría sido manipulado en la instrucción. Se descuenta que la defensa hará foco en irregularidades en la investigación. Cuando termine la ronda de defensores, los acusados podrán decir sus últimas palabras. A partir de ahi, el Tribunal Oral Federal dará su veredicto.
Infobae