En el proceso interviene la fiscal federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, y el fiscal general interino ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Horacio Azzolin, con colaboración de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a Víctimas (DOVIC) y la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
De esta forma, el imputado fue considerado responsable del delito de amenazas simples, amenazas agravadas por tener como propósito compeler a una persona a hacer abandono del trabajo, lesiones leves, lesiones graves por haber inutilizado para el trabajo por más de un mes, en un contexto de violencia, maltrato laboral y para el caso de las mujeres en un contexto de violencia de género, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en grado de conato, desobediencia judicial y retardo malicioso de justicia.
Por otra parte, el juez mandó a trabar embargo sobre bienes o dinero de Díaz Lacava hasta cubrir la suma de 100 millones de pesos. Además, resolvió que se comunique lo resuelto al Consejo de la Magistratura de la Nación.
En el procesamiento, Baric sostuvo que “resulta a todas luces claro que Díaz Lacava, abusando de su superioridad jerárquica, mantuvo un trato vejatorio y humillante contra los damnificados, ello materializado en palabras, actitudes y hechos que culminaron con daños en la salud de varios de ellos cuyas secuelas persisten hoy día”.
“Debe quedar claro, y lo reitero para que no haya duda, que no se lo juzga por ser un magistrado estricto o apegado a las leyes. De ninguna manera. Al nombrado se lo juzga por la forma déspota en la cual se manejaba con parte del personal del Tribunal”, agregó el magistrado.
Los hechos
En el análisis de la prueba, Baric indicó que el imputado “realizó una selección de las personas contra quienes iba a comenzar este daño, devaste moral, hostigamiento psicológico, adopción de actitudes impredecibles, contradictorias e intempestivas, consistiendo estas en maltratos, indiferencia, gritos, destratos, violencia e indiferente hacia sus dependientes”.
“Todos los testimonios recogidos por el Ministerio Público Fiscal de los damnificados y testigos, tienen un denominador común: maltrato, gritos, falta de respeto, hostigamiento, instrucciones contradictorias que impartía respecto al modo de efectuar las tareas, que habla a las claras de alguien que disponía u ordenaba cosas de forma arbitraria, o que se manejaba hacia sus empleados y funcionarios de forma grosera, agresiva e impulsiva”, detalló.
Asimismo, describió que los hechos ocurrieron desde su llegada al Tribunal, intensificándose con el correr de los años hasta que en julio de 2022 se produjo un quiebre para peor en los maltratos y actos de violencia. “El espacio laboral fue el lugar ideal y tal vez propicio para llevar adelante su actividad depredatoria, porque allí él era dueño y señor”, describió Baric.
“Empleó contra los damnificados incesantes actos de humillación, intimidación y violencia, y una constante presión psicológica que sus víctimas a duras penas resistieron, hasta que sus cuerpos dijeron basta”, sostuvo el juez y agregó: “Logró deshumanizarlas, angustiarlas y vulnerarlas hasta enfermarlas y lesionarlas en su integridad psíquica y física”, sostuvo.
Entre los casos, destacó que “los ataques con violentas recriminaciones, impartiendo órdenes carentes de lógica con el fin de amedrentarlos y someterlos, derivó en que una secretaria terminara internada por estrés y trastornos severos en la salud”.
Por otra parte, sostuvo que el imputado produjo lesiones graves en la salud de otra secretaria, que culminó con licencia psiquiátrica, “horadada mental y físicamente”.
“Como su jubilación estaba cercana, todo se tapó con esa licencia y el posterior retiro jubilatorio, pero lo cierto es que su psiquis, confianza en sí misma, eficacia, brío, fortaleza y amor propio, quedaron minados para siempre, ya que al día de la fecha esta situación la llena de angustia”, indicó en el procesamiento.
En ese sentido, argumentó que las actividades que desplegaba contra las mujeres víctimas, “no sólo eran desarrolladas en el ámbito del Tribunal, lugar donde tenía amplias facultades para hacer y deshacer a su antojo”, sino que “el imputado iba más allá” y las situaciones de maltrato se prolongaban fuera de los horarios laborales, “generando trastornos en el normal desenvolvimiento de la vida familiar de quienes lo padecían”.
Piedrazo
Otro de los hechos que relató está vinculado a cuando el imputado arrojó una piedra desde el exterior del edificio judicial que entró por la ventana del despacho donde se encontraban los secretarios, pasando cerca de la cabeza de uno de ellos. Aquella vez, los funcionarios se alertaron por la situación, hasta que posteriormente Díaz Lacava ingresó riéndose, contando que les había hecho una broma y refiriendo que había sido él quien tiró la piedra.
Asimismo, se lo inculpó por haber abusado de su autoridad e incumplido los deberes de funcionario público por dictar órdenes contrarias a la ley, reiterado en tres ocasiones. En uno de los casos, tuvo el propósito de donar distintos efectos secuestrados en causas que tramitaran en el Tribunal a una entidad presidida por su esposa. En el segundo, intentó impartir una orden contraria a la ley a un policía, custodia del tribunal, para que desmantelara un auto. En el último hecho, ocurrido el 27 de marzo del año 2023, el imputado intentó “de manera prepotente” destruir determinados elementos que no se podían incinerar, sin importarle lo que decía el encargado del horno pirolítico. No obstante, con relación a los dos primeros hechos fue sobreseído por lo que desde la fiscalía se interpuso recurso de apelación que deberá ser resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.
Por último, se le atribuyó al imputado haber ejecutado acciones que perjudicaron el funcionamiento del tribunal con cuatro hechos de retardo judicial malicioso que se produjeron en el marco de cuatro causas que tramitaron ante el Tribunal Oral Federal de La Pampa, utilizando audiencias orales y distintas misivas -por correo electrónico, oficios judiciales, etc.- para amedrentar a las víctimas del presente expediente y entorpecer la investigación en su contra e incumplir la manda judicial dictada por esta sede en fecha 19 de abril de 2023.
La denuncia
La causa se inició el 19 de abril del año 2023 ante la denuncia por presuntos delitos de amenazas, coacción, abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral y lesiones que trabajadores judiciales hicieron contra Díaz Lacava. Los damnificados señalaron el carácter del imputado como “dominante e intempestivo” y refirieron haber presenciado distintos actos que calificaron como “inadecuados y violentos” de parte del magistrado.
Los jueces Marcos Javier Aguerrido y José Mario Tripputi, integrantes del mismo tribunal que el denunciado, acompañaron la denuncia formulada, a fin de que se esclarezcan los hechos.
En mayo del 2023, por pedido del Ministerio Público Fiscal, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó la medida cautelar con la prohibición por parte del imputado de ingresar al tribunal y de acercarse a las víctimas que se desempeñaban en dicha dependencia, a una distancia mínima de cincuenta metros.
A su vez, se realizaron peritajes psicológicos practicados a todas las víctimas por los profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Nación y del Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos e investigadores de la Defensoría General de la Nación; entrevistas a las víctimas por profesionales de la DOVIC; y declaraciones testimoniales de las víctimas.
Asimismo, el 6 de diciembre del año pasado la fiscalía solicitó la declaración indagatoria del imputado, quien finalmente declaró el 11 de abril de este año, luego de distintas postergaciones y en un proceso que se extendió alrededor de 15 horas, divididas en varias jornadas. Allí formuló un extenso descargo donde negó los hechos intimados, sosteniendo su inocencia basada en la existencia de una confabulación orquestada en su contra con el fin de perjudicarlo.
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