La entrega incluye drones, rastreadores GPS y laptops resistentes de última generación.
La operación se formalizó en una reunión entre la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Sir Philip Barton, jefe del Servicio Diplomático británico.
El gobierno del Reino Unido, a través de la Agencia Nacional Contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) donó a la Argentina una serie de equipamientos que servirán para reforzar el combate contra el crimen organizado.
El acuerdo se formalizó este lunes durante una reunión entre el Subsecretario Permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido, Sir Philip Barton, y la Ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich.De la reunión participaron asimismo la Embajadora Británica Kirsty Hayes y el Secretario de Lucha Contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Martin Verrier.
Barton que es el funcionario de carrera de más alto rango en la cancillería británica y oficia como jefe del Servicio Diplomático se encuentra de visita en la Argentina llevando adelante una amplia agenda de actividades y reuniones con representantes del gobierno y la sociedad civil.
La donación forma parte de la agenda de cooperación establecida entre la NCA y el Ministerio de Seguridad, que incluyó la visita de una misión de la agencia británica a la Argentina y otros países de la región a comienzos de este año.
El equipamiento entregado a las autoridades argentinas incluye 4 computadoras portátiles resistentes marca Dell, 3 drones DJI M30T, 8 rastreadores satelitales GL300 y 22 rastreadores SPOT Track & Trace.
La Embajadora Kirsty Hayes declaró “Esta cooperación se produce en el marco de una amplia agenda positiva entre la Argentina y el Reino Unido. Nos unen muchos objetivos e intereses en común, entre ellos la lucha contra el crimen organizado.
“El crimen organizado es un flagelo que afecta a todos los países y su combate requiere por tanto de la colaboración a nivel global. Muchas veces está vinculado a la producción y al comercio de drogas ilegales, y al extenderse puede tener impacto en la seguridad ciudadana y en la integridad de las instituciones públicas. Es en el mejor interés de todos que nuestros países tengan éxito en la erradicación de este problema”.
El Observador