En ese sentido, un comunicado emitido este jueves, advirtió sobre las graves implicancias que esto tiene para el funcionamiento del sistema universitario público en Argentina, afirmando que esta decisión ”genera desfinanciamiento y desinversión en el sistema científico nacional, manteniendo el 70% de los salarios de docentes y no docentes por debajo de la línea de pobreza”.
El Consejo Superior de la UNaM destacó que la ley vetada no solo contemplaba la “actualización salarial necesaria” para los trabajadores de las Universidades nacionales, sino que también mejoraba las condiciones para que las universidades pudieran cumplir sus funciones esenciales de docencia, investigación y extensión. A raíz de este veto, tanto los gremios docentes y no docentes como organizaciones estudiantiles iniciaron jornadas de protestas, marchas, clases públicas y tomas en diversas universidades del país, en defensa de un mayor financiamiento.
“Profundiza la crisis”
En su resolución, el órgano directivo de la UNAM destaca que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también se manifestó en contra de la medida, criticando el voto favorable de los diputados y senadores que apoyaron el veto presidencial. ”Agradecemos el compromiso de los 160 diputados y diputadas que votaron contra el veto, entendiendo la importancia de defender la educación pública universitaria”, señaló el CIN en su comunicado.
Por su parte, el presidente de la República argumentó que la situación presupuestaria de las Universidades debe debatirse en el marco del Proyecto de Ley de Presupuesto 2025. Sin embargo, en Consejo Superior de la UNAM denunció que el presupuesto propuesto para el próximo año “profundiza la crisis” del sistema universitario, ya que “solo cubre el 60% de los fondos necesarios para su funcionamiento adecuado”. En este sentido, advirtieron que ”de aprobarse este proyecto, la situación de las universidades públicas sería aún más grave”.
A su vez, salió al cruce de las declaraciones presidenciales sobre la necesidad de auditar a las universidades, afirmando que ”la Universidad Nacional de Misiones, como institución autónoma y autárquica, cumple con los controles y auditorías pertinentes según lo establecido en la normativa vigente”.
En el comunicado, se destaca que la UNAM fue reconocida por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) por su compromiso con la transparencia, ubicándose en el puesto 60 entre las universidades más transparentes del país.
Llamado a los legisladores
La resolución del Consejo Superior no solo reafirma el compromiso de la UNAM con la educación pública y gratuita, sino que también llama a los legisladores nacionales y provinciales a apoyar las modificaciones necesarias en el Presupuesto 2025 de la Nación, para garantizar las condiciones indispensables para el funcionamiento del sistema universitario y científico.
Además, expresó su respaldo a los gremios docentes y no docentes, y a las organizaciones estudiantiles que continúan visibilizando sus reclamos.
El Consejo concluye su resolución manifestando su gratitud a la ciudadanía que se sumó a las marchas federales del 23 de abril y del 2 de octubre, “en defensa de una educación superior inclusiva y de calidad”, destacando que «la educación universitaria es una herramienta de vital importancia para el desarrollo de la Nación y la construcción de una sociedad más justa».
La resolución lleva la firma de Alicia Bohren y Daniel Videla, presidenta y secretario, respectivamente, del Consejo Superior de la UNAM.
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