A más de una década del comienzo de su explotación, el yacimiento Vaca Muerta, el cuarto más importante en petróleo no convencional y el segundo en gas no convencional a nivel mundial, un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) analizó quién se queda con la renta petrolera. Las conclusiones fueron que Argentina cuenta con la menor carga fiscal para el sector petrolero en la región y por lo tanto es el Estado menos beneficiado en términos de participación de la renta petrolera.
“Argentina se erige como el único país que ha sacrificado significativamente la participación estatal al realizar reformas en su régimen fiscal”, sostiene el informe elaborado por Malena Vivanco, Natalia Segura Diez, Natán Spollansky, Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti.
“Nos preguntamos cómo ha evolucionado la fiscalidad en el sector petrolero y nos propusimos comparar la situación local con la región. La conclusión fue que a partir de Vaca Muerta y la proyección exportadora, el Estado le ha dado beneficios al sector pero ha participado en porcentajes bajos de la renta”, explicó García Zanotti a elDiarioAR. “Entonces nos preguntamos a dónde va esta renta petrolera”, agregó.
“Ningún país de la región benefició tanto a las petroleras como Argentina y sin embargo, la participación del Estado en la renta es la más baja a nivel histórico y la más baja a nivel regional”, sostuvo el investigador.
El informe se centra en un estudio y análisis de costos del sector y de la renta petrolera, entendida como el resultado del precio del mercado menos el costo de producción. La participación del Estado se da a través de las regalías provinciales, el impuesto a las ganancias (impuesto a la renta corporativa) y las retenciones o derechos a las exportaciones.
“Cuando analizamos cuánto cuesta producir un litro de petróleo, obtuvimos la cifra de US$0,1 mientras que el precio de mercado del litro es de US$0,5, por lo tanto arroja una renta de US$0,4. ¿Cómo participa el Estado argentino? La ecuación se repite con el kirchnerismo, Cambiemos, el Frente de Todos y LLA: cada US$100, el Estado se queda con el 20% si no descontamos los subsidios que otorga al sector o con el 15% si descontamos los subsidios”, afirmó García Zanotti.
Ese US$0,4 se divide entre distintos actores, sostienen los investigadores, entre los que se encuentran las empresas petroleras y su ganancia bruta, el Estado a través del régimen fiscal, y los consumidores/refinerías en caso que exista una diferencia positiva entre el precio internacional y el precio local.
“Las refinerías y los consumidores poseen una gran participación de la renta petrolera entre los años 2002-2014 debido a la divergencia que se produjo entre el precio internacional y el local”, dice el estudio de ACIJ. “En los años 2015-2016, existió una política sostén donde el precio local resultó ser mayor al internacional, de modo que en este escenario los beneficiados fueron las empresas petroleras”, mientras que en los años 2021-2023, el precio internacional se incrementó considerablemente mientras los precios locales, si bien se incrementaron, no acompañaron su ritmo.
A través de los impuestos, el Estado logró incrementar su participación en la renta petrolera entre 2002 y 2014. “Esto se debió tanto a que la recaudación en el impuesto a las ganancias acompañó el aumento de los ingresos gracias a la mega devaluación del año 2002; y por otro lado, las retenciones móviles permitieron incrementar la participación por parte del Estado mayormente a partir del año 2007”.
Luego, con la caída de los precios internacionales y el cambio del esquema de retenciones a las exportaciones para 2014, estos dos tributos perdieron fuerza. Desde entonces las regalías resultan ser el único recurso fiscal que mantiene constante su participación.
El informe sostiene, a contramano de las políticas de los gobiernos de los últimos diez años, que la política fiscal en el sector petrolero debería permitir al Estado capturar una porción significativa de la renta petrolera, garantizando así los recursos necesarios para el desarrollo de una política socioeconómica y productiva sostenible
El estudio resalta que recientemente se aprobó un conjunto de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios otorgados por el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que pone a los sectores extractivos como la minería y los hidrocarburos entre los principales beneficiarios y que pone las expectativas en un crecimiento significativo del sector petrolero impulsado por inversiones a partir del proyecto de Vaca Muerta.
Pero el gobierno de Javier Milei no es una excepción en el enfoque. Los investigadores sostienen que el Estado, a través de su política fiscal, debería asegurar que las condiciones socioeconómicas de la población no se vean deterioradas tras el agotamiento progresivo de los recursos no renovables. “Los reservorios de hidrocarburos debieran ser aprovechados para desarrollar encadenamientos productivos, así como transformado mediante la política fiscal en infraestructura, ciencia y educación de calidad”, agregaron.
elDiarioAR