El proyecto fue remitido a las cámaras legislativas, que desde hace más de seis años buscan sin éxito un consenso sobre el asunto, aunque el debate ha tomado una proporción mayor este año, por la intensidad de los incendios que han afectado a todos los ecosistemas del país, con una especial gravedad en la región amazónica.
La propuesta del Gobierno aumenta de tres a seis años la pena de reclusión para aquellas personas que hayan provocado incendios en selvas o pastizales, así como endurece las sanciones pecuniarias que se aplican por esos delitos.
También considera como agravantes, con un consecuente aumento de las penas, que las llamas sean desatadas en zonas protegidas y que, por sus dimensiones, pongan en riesgo la vida y las propiedades de otras personas o tengan impacto en la salud pública. Asimismo, se establecen penas más severas para casos de minería ilegal, tráfico de animales y otros delitos ambientales.
Brasil, al igual que otros países sudamericanos, ha sufrido este año una sequía extrema, que en parte ha sido atribuida al cambio climático, pero que se ha agravado con los incendios provocados por muchos hacendados a fin de preparar la tierra para la siembra.
Según un estudio de la plataforma científica Mapbiomas divulgado la semana pasada, las llamas arrasaron entre enero y septiembre de este año unas 22,3 millones de hectáreas en la Amazonía, y más de la mitad de esa destrucción ocurrió en territorio brasileño. El fenómeno también se registró en los humedales del Pantanal y las sabanas del Cerrado, en la región central de Brasil.
El humo generado por esos incendios llegó a cubrir a mediados de año cerca de la mitad del territorio nacional y se expandió incluso a algunos países vecinos.
Página/12