El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, emitió ayer una instrucción general a los y las fiscales que intervengan en una investigación penal para que impulsen el dictado de medidas cautelares sobre los activos sospechosos de un origen ilícito -lo cual permita asegurar su decomiso o lograr eventuales sanciones como el cobro de multas y el pago de indemnizaciones- y una exhaustiva investigación patrimonial y financiera simultánea y paralela al objeto procesal principal con respecto a todas las personas involucradas en casos graves de criminalidad económica.
La resolución fue protocolizada mediante la Resolución PGN 58/24. Instruye a los y las fiscales a que “insten proactivamente” las medidas cautelares sobre los bienes y, en caso de no individualizarlos, impulsen “las medidas necesarias en relación con esa finalidad sobre las personas investigadas” frente a todos los delitos investigados.
Resalta que las investigaciones patrimoniales y financieras deben promoverse “en los hechos vinculados a la criminalidad económica, principalmente corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, evasión tributaria, contrabando, terrorismo y su financiamiento”.
Señala al respecto que esta decisión institucional va en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para perseguir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, y remarca que “la obligación de cargar información en los sistemas informáticos deviene decisiva para la recolección de datos y la medición de las investigaciones financieras”.
“La correcta y completa carga de datos constituye un pilar fundamental para cualquier estrategia orientada a combatir la delincuencia organizada y el recupero de activos, lo cual permite una visión integral y coordinada de los recursos involucrados en los delitos investigados”, indica.
Para ello, el procurador encomienda a la Dirección General de Desempeño Institucional que realice un monitoreo continuo y detallado de la carga de esa información en el sistema de gestión.
“Afianzar los compromisos internacionales”
“La orientación de estos esfuerzos confluye con el categórico propósito de la Procuración General para identificar y recuperar bienes vinculados o provenientes de actividades delictivas y, en términos generales, afianzar los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en múltiples convenios, como la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (ley 24.072); la Convención Internacional contra la delincuencia organizada transnacional y protocolos complementarios (ley 25.632); la Convención Interamericana contra el terrorismo (ley 26.023); y la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción (ley 26.097)”, argumenta el procurador en la instrucción general.
Recuerda al respecto que la medida es la continuidad de una política institucional plasmada previamente en las Resoluciones PGN 129/2009 y 134/2009, que fueron en el mismo sentido, y la creación en 2014 de la Unidad de Recupero de Activos (URA) y la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC), luego convertidas, respectivamente, en la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) y en la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Y que el año pasado, por Resolución PGN 89/2023, creó la Secretaría de Investigaciones Financieras y Recuperación de Activos Ilícitos (SIFRAI), con el propósito de coordinar funcionalmente a la DAFI y la DGRADB.
En tal sentido, apunta que esas direcciones y otras dependencias de la Procuración General han elaborado y puesto a disposición de los integrantes del Ministerio Público Fiscal diversas herramientas de alcance general destinadas al apoyo técnico en la materia, como la Guía de Medidas Cautelares para el Recupero de Activos, la Guía de Investigación Financiera y la Guía práctica para la identificación, trazabilidad e incautación de criptoactivos, entre otras.
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