Clelia Ávila, exinterventora del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), organismo ya disuelto por la gestión de Gobierno, visitó los estudios de CIUDAD TV tras las detenciones de Mauro Andión, presidente durante la gestión anterior, y María Laura Moreno funcionaria del área, imputados por fraude contra la administración pública por irregularidades en el uso de recursos.
“Era lo que se esperaba, que la Justicia en algún momento, analizadas las irregularidades que había detectado y que tuvieron presentación en la Justicia, pudiera dentro de la tarea investigativa de verificar si la irregularidad se encuadra en algún delito o no y quienes son las personas involucradas, decida por el procedimiento judicial que llevó adelante la detención de estas dos personas: uno, el responsable máximo del IAFEP y la otra persona es la arquitecta responsable de la certificación de las obras”, aseguró.
Dijo que seguirá de cerca el avance de este proceso, ya que “los particulares damnificados también radicaron denuncias y seguramente también se está tramitando la investigación”.
De estas denuncias, comentó que en la mayoría fueron personas a las que no se les concluyó las obra de vivienda, “que no constituye un acto ilícito, pero es ahí es donde actuaban los técnicos que hicieron un relevamiento de las obras una inspección, a terreno”. “El IAFEP no tenía una base de datos. Los de 2023 estaban en el sistema de gestión de trámites, pero no había respaldo físico de esos expedientes tratándose de fondos públicos y de obras de envergadura”, sostuvo.
“Pudimos reconstruir, pero no en su totalidad”, indicó y comentó, además de la falta de expedientes, que en los reconstruidos “era común el cambio de beneficiario sin que se reflejara en el sistema”.
“Las inconsistencias y las irregularidades eran de todo tipo”, dijo.
“O bien, los funcionarios se creyeron totalmente impunes y que con el dinero del estado se podía hacer lo que quisieran sin control, o tenía otros fines. Alguna explicación tiene que haber. Y fue imposible recabar toda información”, sostuvo.
Para Ávila, las denuncias promovidas por estas irregularidades detectadas, “podrían llegar a un 20% de las que suponemos. Porque habrían sido otorgados fondos para 5 mil viviendas entre el 2022 y 2023. Y de esas viviendas, había algunas iniciadas, otras no iniciadas; pero algunas pagadas en un 100% incluso con la venda, el contrato complementario para compensar mayores costos de una obra, y la obra no existía”.
Recordó que se manejaban tres programas desde el IAFEP, el de Soluciones Habitaciones, el de Infraestructura Social Básica y el de nombre ReciTodos que era de barrido, limpieza. “A las mismas fundaciones, ingresaba a su patrimonio por el programa y están los comprobantes de pago a la organizaciones. Eran tres bocas de ingresos de fondos a esas fundaciones”.
“Los funcionarios públicos debemos tener un apego a la ley, un apego a la norma. Están para marcarnos el camino, indicarnos cómo se deben hacer las cosas. Y aquel funcionario que hace como le parece, no respeta la ley, debe tener el peso de la justicia, no queda otra. El Estado es de todos, es de los chaqueños y eso es lo que se tiene que entender”, manifestó.