Hace 34 años, en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe se declaró el 28 de septiembre como el Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal. Tras esa declaración, la región expandió y consolidó los reclamos por este fundamental derecho para las mujeres y personas gestantes. Sin embargo, el avance de la derecha, tiene un impacto directo y pone en peligro la garantía del acceso a salud sexual y reproductiva.
En la Argentina, donde el aborto es legal desde 2021, la llegada del nuevo gobierno, que encabeza Javier Milei, las políticas vinculadas a la salud sexual viven un preocupante retroceso. En el marco del 28 de septiembre, desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó a una serie de acciones que se realizarán en todo el país.
“Ante la avanzada de la ultraderecha en nuestro país y en el mundo, desde esta campaña amplia, diversa, federal, intergeneracional, intersectorial y autónoma de todos los gobiernos, seguimos sosteniendo que la autonomía de decisión sobre nuestros cuerpos es un derecho humano esencial”, expresa el comunicado emitido por la organización.
También se refirieron al desfinanciamiento de las políticas públicas de género. “Alertamos que el desfinanciamiento presupuestario, los despidos a trabajadoras y trabajadores de la salud pública, el desmantelamiento del Plan ENIA y la falta de envíos de insumos a las provincias ponen en riesgo el acceso a los servicios de salud sexual y (no) reproductiva, el derecho a la información, la distribución gratuita de métodos anticonceptivos y el suministro de misoprostol y mifepristona para garantizar abortos.”
“A 34 años del primer 28 de septiembre, volvemos a reafirmar que la maternidad forzada es una forma de esclavitud para las mujeres, niñas y disidencias sexogenéricas, y que la negación del derecho al placer y a decidir son un instrumento para que nuestros cuerpos sirvan a este sistema desigual, explotador y patriarcal. Este es el objetivo detrás del desmantelamiento de políticas públicas en materia de género, diversidad, educación y salud sexual y de la institucionalización de los discursos de odio. El gobierno nacional debe respetar las leyes de nuestro país y los acuerdos internacionales a los que Argentina suscribe”, destacaron.
Falta de insumos: la denuncia de Amnistía Internacional
En el marco del Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal, Amnistía Internacional alerta que el gobierno nacional paralizó la compra de insumos esenciales para el acceso al aborto. Esto pone en riesgo la vida y la salud de niñas, mujeres y personas gestantes, ante las barreras en el acceso a prácticas sensibles al paso del tiempo, como la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE).
De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Salud de la Nación al organismo internacional, durante este año, no hubo entrega de insumos a las provincias. Se debe a la falta de stock y que se encuentran demorados “en forma desmedida” los procesos de licitación para la compra de misoprostol y mifepristona, medicamentos esenciales recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar el acceso al aborto seguro.
El panorama en las provincias
La información proporcionada por el Ministerio de Salud coincide con la brindada a Amnistía por las provincias de Chubut, Córdoba, Santa Fe y San Juan. A su vez, representa un retroceso en materia de acceso a la salud sexual y reproductiva, en tanto en el año 2023 se distribuyeron 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 tratamientos combinados de Misoprostol y Mifepristona.
Esta situación ha profundizado las barreras en el acceso al aborto en las distintas jurisdicciones de nuestro país. De ello da cuenta el notable incremento de reclamos recibidos por Amnistía Internacional en el formulario para reportar diversas barreras en el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, que ha aumentado un 80% hasta el mes de agosto inclusive, en comparación con el 2023.
“La falta de entrega de insumos a las provincias incrementa las desigualdades entre las distintas jurisdicciones del país. El acceso a derechos no puede quedar sujeto al lugar en el que una niña o mujer le tocó nacer. El Estado Nacional debe garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva en condiciones de igualdad y no discriminación en todo el territorio nacional” expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Tiempo Argentino