Al respecto, la entidad consideró, a través de un comunicado, que “se trata de una medida que debería ser dejada sin efecto con mayor premura que la que precedió a su dictado, por ser
incompatible en letra y espíritu con las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa”.
“El artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica son tan claros y rotundos en esta materia que no se explica la ligereza judicial que los ha
violentado”, añade la nota.
Además, la directiva de ADEPA remarcó que “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cualquier medida preventiva que impida el ejercicio de la libertad de expresión, incluyendo las decisiones judiciales, constituye censura previa. Así, por ejemplo, el caso de la película “La Última Tentación de Cristo” contra Chile.
“El juez, en tanto funcionario estatal, tiene vedado decidir qué es lo que puede ver o escuchar la ciudadanía. Los periodistas son responsables por lo que publican, pero esa responsabilidad solo se puede hacer efectiva con posterioridad a la publicación”, agregó.
Por tal motivo, el organismo sostuvo que esta decisión judicial “puede ser fácilmente utilizada para proteger a los poderosos y silenciar a las voces independientes, lo que representa un peligro para la convivencia democrática y el debate público”.
Las hijas del periodista, Bárbara y Lola, hicieron una presentación ante el Juzgado Nacional en lo Civil de Familia número 8 en la que solicitan “en forma urgente” la designación de una red de apoyo provisoria para su padre, quien se encuentra internado desde hace tres meses debido a sus problemas de salud.
El juzgado, por su parte, aceptó el pedido de prohibir a los medios informar sobre la situación de salud de Lanata y el conflicto entre sus hijas y Marcovecchio por el patrimonio del comunicador.
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