La causa por supuesta asociación ilícita que tiene como principales acusados al diputado provincial Agustín Romo, al marplatense Fernando Cerimedo y otros activistas digitales del oficialismo, se mantien sin novedades desde hace meses.
Durante la campaña electoral de 2023, la entonces titular de AySA y dirigente del Frente Renovador, Malena Galmarini, junto a sus asesores legales, realizó una denuncia penal contra la estructura de trolls de La Libertad Avanza, cuya cabeza visible era entonces Cerimedo. También abarcaba a actuales referentes del mundo libertario como Daniel Parisini (el “Gordo Dan”) y Juan Doe.
Por tratarse en principio de un delito de orden electoral, “asociación ilícita para erosionar la democracia”, el expediente CNE9500/2023 recayó originalmente en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría, pero la experimentada jueza se excusó y la causa quedó finalmente en manos de Ariel Lijo, uno de los candidatos de la Casa Rosada para incorporarse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La demanda sostiene que existe un trabajo organizado y articulado entre un número cercano a cincuenta personas, que cuentan con financiamiento externo para realizar dicha tarea, cuyo objetivo último es el de degradar la democracia y enrarecer el clima político para sacar ventaja del caos generado. También sostienen que existe o existía un financiamiento externo para sostener esa tarea, proveniente de organizaciones globales de la extrema derecha.
Fuentes con acceso a la causa explicaron a Buenos Aires/12 que el expediente tuvo un impulso inicial, que hubo movimientos aún en los primeros meses de 2024, pero que no registra actividad prácticamente desde que el gobierno anunció su candidatura.
La tesis central de la denuncia, profusamente documentada y elaborada, era que el troll center buscaba amedrentar a rivales u opositores políticos, a través de distintas formas de hostigamiento, la más común de ellas el “doxeo”.
“Doxeo” viene de “doc” y consiste en publicar en redes sociales documentos vinculados a la vida privada de una persona, desde el domicilio y el teléfono propio o de familiares hasta fotos o comprobantes de ingresos, muchas veces adulterados. El sentido de estas prácticas, según la denuncia, era el de imponer una especie de autocensura a los críticos de La Libertad Avanza, por temor a este tipo de represalias.
Algunos expertos consultados sostienen que estas prácticas, que eran corrientes durante la campaña, ahora tienen un ingrediente nuevo y aún más peligroso. Los mismos personajes acusados de llevar a cabo la actividad ilícita, por su cercanía con el Gobierno, podrían tener acceso a la información que producen agencias públicas como AFIP o la Dirección de Migraciones.
La otra práctica habitual de esta milicia digital era la creación y divulgación de fake news, algo que también fue fundamental en las campañas de Donald Trump (2016, 2020 y la actual) y Jair Bolsonaro (especialmente en 2018).
De acuerdo a los abogados, el tilde azul de X, que certifica la autenticación de las cuentas y tiene un costo anual de USD200, es un indicador de que esas cuentas reciben financiamiento. También los horarios de posteo podrían dar cuenta de una estrategia conjunta o coordinación. Por último, si la Justicia lo ordenara, se podrían rastrear los IP de los dispositivos empleados y deteminar su ubicación geográfica: si más de una coincide, es un troll center.
Cerimedo está en el centro de la disputa entre Elon Musk y la justicia brasileña, que lo acusa no sólo de difundir deliberadamente noticias falsas durante la campaña electoral, sino también de jugar un papel central en la coordinación de esfuerzos para incitar a las fuerzas bolsonaristas a desafiar el Estado Democrático de Derecho, especialmente a través de plataformas de mensajería como Whatsapp y Telegram, cuando ocuparon violentamente las sedes de los tres poderes en Brasilia.
Musk estuvo en rebeldía, actitud que depuso recientemente, por negarse a entregar al supremo tribunal las cuentas de Cerimedo, que deberán ser peritadas para determinar su participación.
Fuego fake
El caso de las acusaciones por los incendios forestales en la provincia de Córdoba, ocurrido en las últimas horas, funge como ejemplo. El presidente Milei viajó a Córdoba el miércoles, cinco días después de iniciados los fuegos.
La Derecha Diario publicó un texto según el cuál la policía cordobesa había detenido a 17 militantes de La Cámpora por provocar los incendios de manera intencional. Tanto el presidente Milei como uno de sus tuiteros más antiguos, el ahora diputado provincial y jefe de su bloque retuitearon la noticia. Tanto de la Justicia de Córdoba como del Gobierno provincial desmintieron la versión.
En el caso de Romo, uno de los imputados por la demanda de Galmarini, difícilmente pueda alegar un error. Con la desmentida ya instalada, volvió a la carga con otro posteo: “Se acuerdan cuando en 2022 Corrientes estuvo un mes prendida fuego?”. Quien le salió al cruce fue el jefe de bloque de UxP en la legislatura provincial, el camporista Facundo Tignarelli. “Ya fue desmentida la operación berreta esa. Boludeces no”.
Posteriormente, la directora provincial de Cultura, Florencia Saintout, le respondió al presidente en la misma red social. “Córdoba se prende fuego y el presidente difunde información falsa en redes sociales. Milei demuestra, una vez más, que es cínico, improvisado, incapaz e irresponsable”.
Página/12