En 2015, el Chaco adhirió a la ley que desfederalizó la persecución del narcomenudeo y asumió la competencia. Sin embargo, luego de nueve años y con la creación del fuero de narcotráfico incluida, nunca recibió las transferencias previstas.
La iniciativa elevada a la Cámara de Diputados de la Nación surge luego de la reunión que el Superior Tribunal de Justicia del Chaco mantuvo a fines de agosto con senadores y diputados en la que analizaron la posibilidad de incluir en el presupuesto del año próximo el financiamiento de la persecución del microtráfico que el Poder Judicial del Chaco asumió en 2015 y que se prevé requerirá más de $3.000 millones en 2025.
El proyecto destaca que entre las erogaciones que generan mayores erogaciones “se encuentran las adquisiciones de insumos específicos por parte del Instituto Médico de Ciencias Forenses (IMCIF) y del Gabinete Científico, como ser insumos para Laboratorio de toxicología forense, drogas y reactivos, entre otros, incluyéndose también la adquisición de un software forense (Celebrite Inseyet) en $31.500.000 (año 2024)”.
Mientras que para 2025 están proyectadas “partidas presupuestadas para hacer frente a la creación y puesta en funcionamiento, en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, de un Juzgado de Garantías, una Defensoría Oficial Antidrogas y dos Fiscalías de Investigación Antidrogas, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 2305-N”.
“La investigación y la persecución de los delitos de narcomenudeo requieren cada vez mayores erogaciones, fundamentalmente por el crecimiento del flagelo y su complejidad. Para el fortalecimiento de aquellas actividades resulta menester hacer efectivas las transferencias de recursos por parte de las dependencias nacionales respectivas”, explica la iniciativa.
Hasta el momento el Poder Judicial del Chaco debió hacerse cargo siempre de los costos que implicó la desfederalización, pese a que el artículo 5 de la ley 26.052 estableció “un sistema de transferencias proporcionales, a las jurisdicciones (provinciales o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que adhieran, y que así lo requieran de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia con el objeto de garantizar la ejecución de la presente ley”.