El diario porteño pudo acceder al borrador de una resolución que lleva la firma del Secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo y que podría ser publicada en los próximos días. Novedades para las generadoras, los transportistas y las distribuidoras. Los 12 puntos que resuelve.
Luego de que el interventor del Ministerio de Economía en el área energética, Daniel González, lo descartara, este domingo el jefe de Gabinete Guillermo Francos anticipó que durante el verano podría haber cortes programados en el suministro de energía, particularmente en los sectores de alta demanda como las industrias.
El documento al que tuvo acceso este medio va en esa línea y en su artículo 1 anticipa que habrá un: “Programa de Emergencia Verano 2024/2025“.
El plan de emergencia energética de Javier Milei
Sobre este punto, se habilita a CAMMESA y a la subsecretaría de Energía Eléctrica a tomar las acciones necesarias para “una adecuada gestión de demanda en el marco de la emergencia con la finalidad de evitar, reducir o mitigar la crítica condición de abastecimiento para el período estival”.
En el mismo texto, se anticipa que esa administración de los escasos recursos también aplicará a “Grandes Usuarios”. Sin embargo, debido a que el principal problema proviene de la oferta, no se descarta que algunos cortes puedan alcanzar a usuarios residenciales o comercios, además de industrias, a las que se buscará estimular a utilizar menos energía con compensaciones económicas.
Luego, en el artículo 2 establece acciones para el sector de generación. Algunas ya conocidas como “gestionar y obtener la importación de energía y potencia de Brasil en horas de elevada exigencia de días críticos y el ejercicio del derecho de preferencia de adquisición que marca el tratado Yacyretá”.
Pero también otras, como la incorporación de un esquema de “remuneración adicional, complementaria y excepcional en base a potencia (fijos) y generación (variables) que promueva la disponibilidad de las centrales de generación térmicas en meses y horas críticas, con vigencia desde diciembre de 2024 a agosto de 2027”.
Todo el paquete de compensaciones que tiene prevista la Secretaría de Energía, junto con la necesidad de importar combustibles, impactarán de lleno en el costo de generación y dado que el Gobierno tiene previsto continuar con el sendero de recorte de subsidios, se sospecha que podrían reflejarse en nuevos incrementos de tarifas que pagarán los usuarios.
El texto en cuestión también habilita a que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico lleve adelante swaps o intercambios energéticos temporales o intertemporales. Esto ya se aplica en energía eléctrica, pero lo que llama la atención es que se incluye dentro del listado también al gas natural.
Luego, el artículo 3 insta a retomar obras de transporte que se frenaron al comienzo de la administración de Javier Milei y le pide al ENRE que elabore un listado de prioridades “con el objetivo de crear mecanismos que permitan su puesta en servicio comercial en el menor plazo posible”.
En cuanto a la distribución, se solicita al mismo ente a que instruya a las empresas de jurisdicción federal para que presenten un Programa de Atención de Contingencias que contenga acciones de mantenimiento preventivo para evitar fallos mayores.
Además, pide detallar “el alistamiento de medios físicos y humanos para afrontar las contingencias, a los fines de mitigar sus consecuencias”. Las distribuidoras, Edenor y Edesur, también deberán informar las Unidades Generadoras Móviles (UGEMS), que prevén instalar durante el verano.
En esa línea, se invita a las provincias a tomar determinaciones similares y se disponen medidas de eficiencia energética en el sector público para que asuma una función “ejemplificadora” orientada a “optimizar el desempeño energético en sus instalaciones”. Y por supuesto, reducir el consumo.
Por último, se instruye a la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético a relvar el estado de situación y cumplimiento de las acciones de promoción de la eficiencia energética vigentes desde el 2007 para hacer un uso racial de la energía en edificios públicos de la Administración Pública Nacional, que permitan bajar emisiones de la flota pública para no superar el límite de derechos de emisión asignados.
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