El juez federal Ernesto Kreplak desestimó la denuncia que había presentado la diputada Lourdes Arrieta por la visita a los genocidas que están presos en el penal de Ezeiza. La investigación, sin embargo, continuará centrada en las posibles irregularidades en las que habrían incurrido los integrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que dependen de Patricia Bullrich.
Arrieta se había presentado en la justicia federal de Lomas de Zamora para pedir que investigara la visita del 11 de julio pasado y todo lo que la rodeó. Entre los apuntados estaban sus compañeros de bancada Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra Ugalde.
También había reclamado que se indagara sobre el rol de los abogados Laura Olea y Ricardo Saint Jean y del exintegrante de la Cámara Federal de Casación Penal Eduardo Riggi. Todos ellos solían coincidir en las tertulias pro-impunidad que organizaba el cura Javier Olivera Ravasi, a quien Arrieta también había acusado.
El fiscal de la causa, Sergio Mola, había pedido la desestimación de su denuncia. Para el representante del Ministerio Público, Arrieta había ido a la justicia penal para despegarse de un hecho que la tuvo como protagonista. El fiscal Diego Iglesias, que actúa ante la Cámara Federal de La Plata, había sostenido la postura de Mola.
Kreplak los respaldó. “Cabe reponer, en línea con lo opinado por el fiscal, que la intervención del Poder Judicial en asuntos que resultan ajenos a su misión constitucional, no solo desnaturaliza su función sino que, además, perjudica el normal funcionamiento de los demás Poderes Constituidos de la República”, escribió el juez.
La investigación continuará centrada en el rol que pudo haber tenido el SPF. Kreplak aceptó como querellante a integrantes de la agrupación H.I.J.O.S Capital, que actuarán en el expediente con el patrocinio del abogado Pablo Llonto.
Página 12