Dévora Acosta, nuera del dirigente piquetero, Ramón “Tito” López, optó por el silencio. Fue en el marco de la indagatoria que se realizó este miércoles por la mañana, en el juzgado Federal 2 de Resistencia, a cargo del juez, Ricardo Mianovich.
Acosta es la única que se encuentra en libertad en el marco de la causa por lavado de activos, fraude a la administración pública y asociación ilícita que tiene a su suegro como principal implicado. El próximo paso procesal será determinar si corresponde el dictado de la prisión preventiva para la familia del dirigente social. También se espera una posible ampliación de indagatorias y la incorporación de más pruebas al expediente.
El martes, en medio de una picante polémica entre el fiscal, Patricio Sabadini y el juez, Mianovich por un error en el link para participar de las audiencias, se realizaron las indagatorias a los cincos integrantes del clan López. Tanto la esposa del dirigente piquetero, Librada Romero, como sus hijos, David, Daniel y Walter, optaron por el silencio. No expusieron información sobre la causa ni tampoco respondieron preguntas.
De todos modos, el dirigente piquetero no se quedó callado. Si bien no se refirió a cuestiones concretas de la causa, aprovechó la audiencia para manifestar que es un sinmple “productor y laburante” que está siendo perseguido por Sabadini, a quien lo acusó de ser “empleado” de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y del exintendente de Resistencia, Gustavo Martínez.
Salvo Acosta, todos se encuentran detenidos desde la semana pasada por orden del juez Mianovich a solicitud del fiscal Sabadini. En simultáneo a las detenciones, se realizaron más de una veintena de allanamientos en Resistencia y en el interior provincial, incluido un campo de 2700 hectáreas, ubicado en cercanías a Cote Lai, que el dirigente piquetero había adquirido de manera irregular e instalado infraestructura para la cría de ganado.
En ese lugar, se encontraron 40 mil dólares, 1.800.000 pesos, reales, 126 cartones de cigarrillos y más de 200 municiones de distinto calibre. Además, se constató la presencia de una gran cantidad de ganado. De acuerdo a un informe preliminar de Gendarmería, se secuestraron 654 animales bovinos, 16 caballos, 23 chivos, cuatro ovejas y dos chanchos con nueve crías.
Cabe recordar que esta causa surgió en virtud de una comunicación que recibió la fiscalía Federal de Resistencia pro parte del Ministerio Público Fiscal del Chaco el cual dio cuenta de presuntas maniobras de lavado de activos por parte de López y su familia.
Esto es debido a la reiterada exteriorización patrimonial constatada en los medios de prensa por parte de López la cual no se condice con el perfil económico del dirigente piquetero. “Tengo 326 terneros que valen 300 mil pesos cada uno y hace poco compré un campo por 200 mil dólares. Mi capital es de 1.600 millones (de pesos)”, aseguró en febrero de este año a medios locales.
Sabadini imputó por el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad y haberse concretado de manera organizada a Ramón “Tito” López; su esposa, Librada Romero; y sus hijos, David Alberto; Daniel López y Walter Ramón, todos en calidad de coautores.
Por otra parte, en relación a los delitos precedentes, consideró que los tipos penales que le caben a los nombrados -a los que se suma Dévora Acosta, nuera de Tito López-, son los de asociación ilícita y fraude a una administración pública, en donde el líder piquetero sería el jefe y organizador y el resto coautores.
Tras los allanamientos de la semana pasada, Sabadini amplió la imputación contra Tito López, por los presuntos delitos de tenencia simple de drogas (se encontró 0,5 gramos de cocaína en una de sus propiedades del barrio Santa Catalina, en Resistencia), acopio ilegal de municiones y encubrimiento de contrabando.
De acuerdo al expediente, Tito López, uno de los máximos líderes piqueteros del Chaco, acumuló junto a su familia una gran fortuna en la última década (con compras de vehículos, inmuebles, ganado y viajes al exterior) en base a maniobras presuntamente irregulares, las cuales se podrían englobar en cuatro: el uso indebido de tierras cedidas por el gobierno provincial, que alquiló a empresarios locales; la ocupación ilegal de un campo cercano a Cote Lai, perteneciente a un grupo empresarial de Buenos Aires, donde estableció su negocio ganadero; la recepción masiva de fondos del Instituto de Agricultura Familiar del gobierno de Chaco, los cuales, en lugar de ser invertidos en proyectos productivos, habrían sido desviados; y, finalmente, la evasión de impuestos.