La medida alcanza a Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi. No afecta, en cambio, a José Federico Tournier, ya que pese a integrar el bloque de la UCR en la Cámara de Diputados no cuenta con una ficha de afiliación al partido.
El órgano partidario tomó la determinación de suspender la afiliación de los legisladores y elevar sus casos al Tribunal Nacional de Ética en virtud del artículo 53 de la carta orgánica partidaria, que lo faculta para denunciar “fallas en la conducta de los afiliados y dirigentes partidarios de todos los distritos cuando por su investidura lesionen la dignidad del partido”.
Este lunes, la mesa ejecutiva de la Convención Nacional también puso a análisis del tribunal disciplinario los casos de los diputados Roxana Reyes (Santa Cruz) y Gerardo Cipollini (Chaco) – quienes se ausentaron durante la sesión – para ver si sus conductas encuadran también en el artículo 53 de la carta orgánica de la UCR.
Por último, se acordó pedirle a las autoridades del partido, a los jefes de bloque legislativos y a los gobernadores conformar una mesa de diálogo con el objetivo de “evitar que se repitan” situaciones como la que protagonizaron los diputados díscolos el 11 de septiembre, cuando votaron contra la insistencia de ley de movilidad jubilatoria que había presentado su propio partido y que había sido vetada por Milei.
La Convención Nacional de la UCR, presidida por Gastón Manes, hermano del diputado Facundo Manes, ya había adelantado su postura respecto a los diputados y diputadas que no votaran en contra del veto de Milei a la ley de movilidad jubilatoria en un comunicado difundido el pasado 10 de septiembre.
“El presidente Milei vetó la ley sancionada por el Congreso Nacional que otorgaba un aumento de los haberes jubilatorios. Se trataba de una mínima compensación a la brusca devaluación y salto inflacionario del comienzo de su mandato. El veto ya está en vigencia y algunos de los diputados que habían votado a favor de la ley, hoy, sin sonrojarse, avisaron que acordarán con el veto presidencial. Esta situación sugiere que los votos en el Congreso no serán suficientes para alcanzar los dos tercios necesarios para revertir la medida”, decía el comunicado.
Por los principios históricos de la UCR, agregaba el documento, “esta Convención Nacional rechaza el veto presidencial, hace un llamamiento a los diputados y diputadas para que sean coherentes con la iniciativa que nuestro mismo partido había presentado y con sus propios votos que la habían apoyado, y pide enfáticamente que preservemos los valores de la Unión Cívica Radical hacia la dignidad de nuestros jubilados”.
La Convención Nacional instaba “a los legisladores y legisladoras nacionales de la Unión Cívica Radical a expresarse con claridad, tanto en la opinión pública como en el voto en ambas cámaras, en contra del veto presidencial a la Ley de Movilidad Previsional y de la Seguridad Social, así como, si ocurriera, a la Ley de Financiamiento de las Universidades Nacionales”.
En caso de un “eventual incumplimiento a lo resuelto por esta Mesa directiva de la HCN”, advertía el comunicado, “se dará inmediato traslado de lo acontecido al Tribunal Nacional de Ética de la Unión Cívica Radical para el tratamiento de la conducta de sus afiliados y afiliadas legisladores y legisladoras que incurrieran en tal actitud”.
En el mismo sentido se había expresado Hernán Rossi, secretario general de la Convención Nacional. “De acuerdo a los Art. 8, 29 y 53 de la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical, vamos a impulsar la suspensión preventiva de la afiliación de aquellos diputados que no apoyaron la decisión del partido de rechazar el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria, hasta tanto el Tribunal Nacional de Ética de la Unión Cívica Radical juzgue su conducta”, había publicado Rossi en sus redes sociales tras la votación en Diputados.
Página 12