Tras su polémico paso por la comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, legisladoras del bloque de Unión por la Patria presentaron este viernes un proyecto de pedido de juicio político contra el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. La iniciativa impulsada por Mónica Macha acusa al funcionario de por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y por incumplir las leyes vigentes en materia de género.
En el marco de una reunión informativa que se desarrolló el martes y fue presidida por Macha, titular de la comisión, el ministro de Justicia aseguró que para el gobierno que encabeza Javier Milei no existe otra cosa que la biología anunciando el final del género. “Nuestro valor es la familia. Rechazamos la diversidad y la identidad sexual que no se alineen con la biología», lanzó.
“Se acabó sólo el género, nosotros vamos por otros valores que son la familia”, agregó el ministro y le llovieron los cuestionamientos, por parte de los legisladores presentes –de los cuales muchos se sintieron agredidos- que lo acusaron de minimizar la violencia de género.
En ese contexto, Macha explicó que la actual gestión del ministerio de Justicia «es violatoria de los derechos humanos y se sitúa por fuera del Estado de Derecho. Ha resuelto no sólo discontinuar la política de protección contra la violencia de género determinada por la legislación nacional, sino también propugna el rechazo de la diversidad de identidades sexuales violando la legislación en la materia”.
Argumentos contra Cuneo Libarona
El proyecto detalla: “el Dr. Mariano Cúneo Libarona, a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación, carece de idoneidad técnica y moral para ejercer sus funciones, habiéndose configurado la causal de mal desempeño de las mismas. Al respecto, cabe sostener que este aspecto supone una valoración política institucional no partidaria de los actos y omisiones de los funcionarios, teniendo a la vista resultados y consecuencias de tal obrar para las instituciones o para la confianza pública que los ciudadanos y ciudadanas deben tener en los funcionarios públicos”.
Y señala: “Resulta evidente que el enfoque explicitado por el Sr. Ministro en el abordaje de la política pública a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación, no sólo implica el desconocimiento y la transgresión de la normativa antes mencionada, sino también, como lógica consecuencia, el abandono del Estado de la perspectiva específica que requieren los sistemas de protección de derechos de las personas y poblaciones que se encuentran estructuralmente vulneradas”.
Cómo es el proceso de juicio político
No está de más recordar rápidamente que es la Cámara de Diputados la que ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de Gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema.
Los proyectos deben ser tratados en la Comisión de Juicio Político, cuya presidencia quedó en un limboo luego del escándalo con Marcela Pagano, que ocasionó la primera fractura del bloque libertario en abril. Según explicaron a Tiempo, «para los diputados no oficialistas, ya está constituida, pero para las autoridades de la Cámara, lease Martín Menem no es así.
La Ley Orgánica sobre Juicio Político, sancionada en 2004, establece como causas “el mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes”.
El artículo 7° de la Ley de Juicio Político habla del trámite que debe seguirse en la Cámara baja. Allí, el presidente del Cuerpo remitirá la denuncia con el material presentado a la Comisión de Juicio Político. El presidente de la misma deberá citar al denunciante o ratificarla, en cuya oportunidad podrá ampliarla y ofrecer nuevas pruebas.
Luego los integrantes de la Comisión de Juicio Político deberán analizar la denuncia a fin de pronunciarse sobre su admisibilidad. “La falta de ratificación no significará su desestimación automática, pudiendo continuarse la investigación si la comisión entiende que hay elementos que lo hagan aconsejable”, indica la norma. Cualquiera fuera la decisión de la comisión, deberá ser comunicada a la Cámara.
Asimismo, los parlamentarios podrán interrogar a toda persona que conozca los hechos investigados. Es importante destacar que si un testigo incurriera presumiblemente en falso testimonio se ordenará sacar las copias pertinentes y se las remitirá al juez competente. Una vez que se obtuvieron y analizaron los resultados, los integrantes de la Comisión deberán votar, con mayoría simple, si se sigue el juicio político.
Luego de reunir las actuaciones sumariales, tal como establece el artículo 13 del reglamento interno, se citará al denunciado a fin de que exponga su situación. Agotada la instancia sumarial, las actuaciones pasarán a estudio en el cuerpo para su dictamen definitivo.
Si la Comisión resuelve que es improcedente, debe hacer un dictamen en rechazando el pedido que deberá ser elevado al Pleno de la Cámara de Diputados. De haber motivos fundados para el enjuiciamiento, el dictamen se tratará primero en la Cámara Baja y luego en la Alta. Y para lograr la destitución del funcionario tendrá que contar con la aprobación de la mayoría especial –dos tercios- en ambos recintos.
Por lo general, esa mayoría especial ha sido difícil de conseguir en los últimos años. Sin embargo, el importante número de 156 votos para el rechazó al DNU que le otorgaba fondos reservados a la SIDE en la Cámara de Diputados y los dos tercios que logró el Senado para la reforma jubilatoria, son números que causan alarma en el gobierno nacional que intenta mantener las buenas relaciones con sus socios políticos del Pro, encabezando la lista Mauricio Macri, de ahí las milanesas con el presidente.
Tiempo Argentino