A pesar de la oposición del fiscal federal Carlos Stornelli, la jueza federal María Servini de Cubría firmó este miércoles la excarcelación de Daniela Patricia Calarco Arredondo, una de las dos personas que permanecían detenidas tras la represión a la marcha en Congreso contra la ley Bases, aprobada el 12 de junio pasado por el Senado de la Nación. “No planeen todavía ninguna fiesta porque mañana tengo que estar temprano en el juzgado”, dijo ya libre, largó una carcajada y se puso la pechera celeste de su agrupación, el Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar, con la cara del Che Guevara en la espalda. Mientras abrazaba a sus compañeros y compañeras desplegó la bandera multicolor de la diversidad. En tanto, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la diputada del FIT-U Myriam Bregman y miembros del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia visitarán el jueves al ahora único detenido, Roberto de la Cruz Gómez.
“Cambió el contexto político desde que la justicia resolvió que el Senado quede afuera de la querella, la interna del Gobierno, el escándalo de Arrieta, los fondos reservados de inteligencia, todo eso que les salió mal”, dijo Daniel Vázquez, defensor de Calarco e integrante de Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus) al informar a Página12 sobre la decisión que le devolvió la libertad. Al cierre de esta edición la comitiva que la había esperado en la puerta del Complejo Penitenciario Federal 4 de Ezeiza emprendía su regreso. Calarco estuvo dos meses y medio en el pabellón de Admisión, junto a población carcelaria común.
Para el gobierno de Javier Milei y su brazo judicial Stornelli, les detenides de aquella jornada eran “terroristas” y “golpistas” que intentaron impedir el funcionamiento de uno de los poderes del Estado, pero en su mayoría se trataba de docentes, estudiantes, vendedores ambulantes y trabajadoras de casas particulares, algunes acudieron sueltos y otros de manera orgánica con sus respectivos colectivos militantes para repudiar la aprobación de la ley Bases. Tras la feroz represión que incluyó la cacería de manifestantes, que produjo decenas de heridos y 35 detenciones, el fiscal formuló imputaciones por una docena de delitos del Código Penal, varios federales. Con el paso de las semanas tal acusación se iría cayendo por falta de sustento. De hecho, la misma noche la jueza Servini liberó a la mitad de los apresados.
Luego de compartir el calvario de las primeras horas de encierro en las comisarías porteñas con el resto de las mujeres detenidas, el 18 de junio Calarco fue procesada con prisión preventiva, por encontrarla “coautora penalmente responsable del delito de incendio en concurso ideal con daño agravado por haber afectado un bien de uso público, y en concurso ideal con intimidación pública. Le adjudican el intento de prender fuego a bicicletas de la Ciudad. Esta decisión fue ratificada por la sala II de la Cámara Federal porteña, con la disidencia del juez Roberto Boico. Según consta en el escrito al que accedió este diario, Calarco podría haber entorpecido la investigación que tenía medidas pendientes, como el análisis de los teléfonos, que habrían dado con otras personas “que ejecutaron acciones comunes y develar si existió un determinado grado de planeamiento precedente entre los involucrados”.
En su escrito de ayer en respuesta al pedido de Vázquez, la jueza Servini de Cubría dijo: “Habré de diferir con los aspectos señalados por el doctor Stornelli, por cuanto la incertidumbre sobre el arraigo de la imputada ha sido despejado” porque “proporcionó correctamente sus datos al momento de su detención”. Respecto de Daniela, la magistrada escribió que “si bien se encuentra en trámite una profundización en la investigación tendiente a establecer la comisión de delitos de acción pública por parte de distintas personas mientras se manifestaban frente al Congreso de la Nación y si aquellos ejecutaron acciones comunes, y develar si existió un determinado grado de planeamiento precedente entre los involucrados, lo cierto es que, de momento, esta circunstancia no ha podido ser acreditada”.
Además, Servini destacó que el 6 de agosto consideró “concluida la instrucción del sumario respecto de varios imputados, entre ellos la nombrada Arredondo, y si bien el Agente Fiscal solicitó una serie de medidas previas, su producción y éxito no dependerá ni podrá verse alterado o entorpecido por la soltura de la imputada”.
Calarco tiene 39 años, hace cuatro que llegó a CABA desde Mar del Plata donde se había destacado por su militancia ambientalista contra las fumigaciones en el barrio Hipódromo de esa ciudad. Había empezado en una olla popular y se convirtió en referente del MTR Votamos Luchar por el Cambio Social mientras era empleada gastronómica. Y cuando se mudó, fue contratada por el ex Ministerio de Desarrollo Social hasta que en marzo la despidieron.
El lugar donde estuvo presa tiene espacios en común como el baño, la cocina y el patio. Las celdas son de dos por dos, con una cama y un mueble. Con sus compañeras, con quienes tuvo una buena convivencia, compartía un televisor que le permitía estar informada, y también leía lo que le traían sus visitas. Recibía a su familia una vez por semana, y dos veces a integrantes de organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas. “No es ni parecido al lugar donde están presos los genocidas”, había dicho en una entrevista a Perycia. “A los varones de esta causa los trataron mucho peor que a nosotras. Pero cuando recorrés los pasillos porque te llevan a algún otro sector, ves ratas y cucarachas, no son condiciones dignas para ninguna persona”, completó.
Página/12