Algunos informes privados, incluido un estudio de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), ponen en duda la afirmación del Gobierno de que la ley de ajuste de las jubilaciones aprobada por el Congreso puede atentar contra el superávit fiscal de este año.
Incluso, varios de ellos, provienen de Centros de Estudios cuya manera de ver la realidad económica no dista mucho de la que pueden tener las principales figuras del equipo económico, que encabeza el ministro Luis Caputo.
Tal es el caso del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) el cual en su último trabajo asegura algo parecido a otro reporte publicado hace unas semanas por el Instituto de Investigaciones Económicas para la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), la escuela de negocios de la Fundación Mediterránea.
“Argumentando que la ley sobre movilidad previsional conspira contra el equilibrio fiscal, el presidente reaccionó enfáticamente contra el Congreso”, dice el reporte.
En ese sentido, el trabajo agrega que “con la cabeza más fría, se daría cuenta que la ley, al consolidar la licuación de las jubilaciones sufrida desde el 2017, es una oportunidad inédita para darle sostenibilidad al superávit fiscal”.
El reporte plantea que el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) 274/24 que dispuso que, a partir de abril, los haberes previsionales se ajustarán mensualmente según la tasa de inflación de dos meses atrás, consolidó una pérdida del poder de compra que en términos reales cayó 35% entre 2017 y 2023. “Además, para el mes de enero 2024, el DNU fijó un ajuste de 12,5% cuando la inflación de ese mes fue de 20,6%”, señala el trabajo de la consultora que dirige el economista Jorge Colina.
Por otro lado, dice que la ley de movilidad ordena que las jubilaciones deben ajustarse en el faltante para llegar al 20,6% de enero, esto es, un 7,2%.
Además, estableció que el haber mínimo tendrá una garantía equivalente a la Canasta Básica Total (CBT) adulto equivalente y que una vez al año las jubilaciones se ajustarán por el 50% de lo que haya crecido el salario real, si creció.
El informe de IDESA detalla que “el aumento del 7,2% de todas las jubilaciones implica un incremento del gasto previsional del orden del 0,32% del PBI” y, por su lado, la garantía de la CBT “implica un aumento de aproximadamente 0,08% del PBI”.
También recuerda que “el Gobierno está otorgando discrecionalmente un bono de $70.000 a los que reciben los haberes más bajos que representa un gasto de aproximadamente 0,7% del PBI”.
“Esto implica que, rediseñando el bono, se puede compensar los aumentos que fija la ley. Es decir, es posible aplicar la ley sin causar un impacto desequilibrante en las cuentas públicas”, concluye el reporte.
El estudio plantea que “hay muchos jubilados y pensionados que reciben el bono teniendo otras fuentes de ingresos, sean previsionales, laborales, familiares o provenientes de rentas de activos” que “no viven solo de la jubilación o pensión mínima”.
El trabajo considera que en el largo plazo la ley “tiene impactos positivos en favor de la sostenibilidad del equilibrio fiscal”.
Jubilaciones: licuación consolidada
Para el informe, “la fórmula convalidada por ley es más robusta jurídicamente que la precariedad que subyace en un DNU”. “En segundo lugar, porque se convalida la licuación de gasto previsional que se produjo entre los años 2017 y 2023”, sostiene el reporte.
La consultora estimó que “es una baja estructural de más de un tercio en el gasto previsional que contribuye decisivamente al ordenamiento de las cuentas públicas”.
Jubilaciones: la opinión del IERAL
Poniendo foco también en la debilidad del DNU 274 como instrumento para ordenar al sistema previsional, el IERAL señala que la ley “es jurídicamente más sólida”.
“Desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera contribuye a evitar la generación de juicios que, más allá de que la contabilidad pública no los registra como tal, operan como un pasivo que erosiona la solvencia de las finanzas públicas”, indica en un informe elaborado cuando el proyecto todavía estaba en trámite parlamentario.
El IREAL sostiene que “el proyecto obliga a un incremento del gasto que puede ser compensado a través de un decreto simple que focalice mejor el bono”.
“De esta manera, el proyecto permite consolidar un nivel de gasto previsional que, en la perspectiva histórica y la comparación internacional, aparece como más sostenible”, concluye.
¿Cuáles son los números según la OPC?
La Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) elaboró un estudio de impacto fiscal del proyecto aprobado. Afirma que:
Representaría un gasto adicional en jubilaciones y pensiones de entre el 0,44% del PBI, en caso que continúen pagando hasta fin de año los bonos de $70.000 para jubilados de menores ingresos. Si éstos se discontinuaran ese costo añadido equivale al 0,74% del PBI.
Para 2025, dependiendo de los posibles escenarios a aplicar, el impacto fiscal se encontraría entre 0,69% y 0,80% del PBI para el caso de continuidad de los actuales bonos. Comparado con la aplicación del DNU 274/24 sin bonos de $70.000 el impacto incremental se estima entre 1,14%y 1,25%.
Las deudas certificadas con provincias que no transfirieron sus cajas previsionales asciende a 703.353 millones de pesos (corrientes) monto equivalente a 0,13% del PBI.
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