Los empleados de Casa de Gobierno se vieron sorprendidos en la mañana de este jueves por un allanamiento que llevaron a cabo integrantes de Gendarmería Nacional. A solicitud del juzgado Federal 1 de Resistencia, los uniformados ingresaron a las oficinas del Ministerio de Producción donde se dedicaron a secuestrar documentación y elementos de informática, todo esto en el marco de la causa que investiga a una presunta organización criminal dedicada a favorecer la tala indiscriminada del bosque nativo en el Chaco.
Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, no fue la única locación visitada. También se realizaron allanamientos en la sede de la Dirección de Bosques, en Sáenz Peña, y en la consultora agropecuaria “Hiula”, justo al lado de Bosques, por calle Pellegrini 264. La firma es propiedad del ministro de Producción, Hernán Halavacs, y a través de ella se tramitaron el 40% de los permisos de desmontes en los últimos 10 años en la provincia.
Cabe recordar que, en base a una denuncia presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, presentó ante el juzgado de Zunilda Niremperger un pedido de investigación contra funcionarios, exfuncionarios y diputados provinciales acusados de perpetrar una serie de delitos que tuvieron como fin la tala indiscriminada del monte chaqueño.
Además de Halavacs, la acusación incluye a Miguel Ángel López, exdirector de Bosques del Chaco, actualmente empresario forestal y Luciano Olivares, exsubsecretario de Desarrollo Forestal, hoy asesor legal de Halavacs. También están en la nómina de acusados Atlanto Honcheruk, empresario forestal y actual diputado provincial; Juan José Bergia, diputado provincial; Zenón Cuellar, intendente de la localidad de El Espinillo y Hernán Miguel Brunswig, exministro de Ambiente. La imputación deja abierta la posibilidad de incluir a toda otra persona que posteriormente se determine en el transcurso de la investigación.
En su requerimiento, Sabadini los acusa por los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público” (art. 248 del Código Penal), “tráfico de influencias” (art. 256 bis del Código Penal), “negociaciones incompatibles con la función pública” (art. 265 del Código Penal), “malversación de caudales públicos” (art. 260 del Código Penal) y “asociación ilícita” (art. 210 del Código Penal).
Asimismo, solicitó a Niremperger que haga lugar a una medida cautelar para prohibir de manera inmediata los desmontes en la provincia, medida que la jueza hizo lugar recientemente, por el término de tres meses.
Por otra parte, el fiscal dejó en claro que se efectuará pedido de investigación contra las empresas vinculadas en probable daño ambiental a la provincia en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal contra las Personas Jurídicas. Estas son: Vicentin; Las Guindas SA; Establecimiento Monterrey; Cuenca del Salado SA; Grupo Buratovich Hermanos; MSU (Manuel Santos de Uribelarrea); TRIAD SA; Alejandro Hayes Coni; Ricardo Shihon y Jerilderie; Cigra SA y La Nueva Pirámide SA.
También pidió investigar el posible desvío de fondos nacionales y de Naciones Unidas enviados a la provincia con fines de protección de bosques y comunidades de pueblos originarios. “Resulta insoslayable atender a que se vislumbra la actuación de una organización destinada a cometer delitos y a asegurar la impunidad de sus miembros”, sostuvo Sabadini.