La Justicia de EEUU dio un nuevo revés para la Argentina al autorizar este miércoles que se embarguen activos que tiene el Estado depositados en una cuenta del Banco Central (BCRA) en la Reserva Federal estadounidense (Fed). En un mes, el país recibió fallos desfavorables por la causa del cupón PBI en Londres, la deuda de bonistas y la expropiación de Aerolíneas Argentinas, entre otros.
La jueza Debra Ann Livingston, de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, confirmó el dictamen en primera instancia de la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de esa ciudad, quien habilitó que los acreedores de la Argentina embarguen bonos del Tesoro de Estados Unidos que el país tenía en su poder.
De esta manera, los tenedores de bonos que quedaron en default hace 23 años tuvieron una victoria que le permitiría embargar unos u$s187 millones. La causa responde a una demanda por los títulos que se usaron como garantía de pago de los bonos Brady, emitidos a principios de 1990 y que vencieron en marzo de 2023.
La novedad fue comunicada por el especialista en mercados Sebastián Maril, titular de la consultora Latam Advisors, quien sigue en detalle los juicios por la deuda en default de la Argentina. En su cuenta de la red social “X” compartió un extracto del fallo en el que se confirman las ordenes de embargo contra la Argentina.
De acuerdo al dictamen, la jueza expresó: “Confirmamos las órdenes de embargo del tribunal de distrito porque los intereses de reversión de Argentina no están protegidos por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras. Argentina utilizó los intereses en actividades comerciales en los Estados Unidos, dejándolos sujetos a embargo. Y los argumentos de Argentina de que sus activos embargados no son susceptibles de embargo bajo la ley de Nueva York no tiene mérito, por lo que también confirmamos la orden de entrega”.
Además, indica que los motivos para cerrar el caso “no son convincentes”, por lo que ordenó a las partes “que vuelvan a presentar sus escritos y apéndices dentro de los treinta días con redacciones estrictas que cumplan con esta Órdenes del tribunal”. En esa línea, sentenció: “Afirmamos las órdenes del tribunal de distrito, negamos la moción para complementar el expediente y concedemos la moción para limitar el alcance del sellado”.
El reclamo de fondos de inversión por la deuda en default del 2001
Los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments y White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master compraron deuda argentina en default desde 2001 a tenedores que nunca ingresaron a los tres canjes que emitió el país, en 2005 (bajo la gestión de Néstor Kirchner), 2010 (Cristina Kirchner) y 2016 (Mauricio Macri).
Se cree que son menos del 3% del total de los tenedores originales que mantuvieron la deuda en default e iniciaron juicio al Estado argentino, llamados coloquialmente holdouts o fondos buitre. En total, la Argentina adeuda unos u$s420 millones por la deuda en default de 2001.
Son títulos del Tesoro de Estados Unidos cupón cero que la Argentina tenía como garantía de pago de los bonos Brady que el país emitió a principio de los 90, cuando refinanció la deuda acumulada de la década anterior, gracias a una política de beneficios que lanzó el entonces secretario del Tesoro estadounidense, Nicholas Brady.
Si la Argentina no pagaba los intereses de los bonos Brady, los acreedores podían cobrar los bonos del Tesoro estadounidense que estaban en una cuenta especial en la Reserva Federal de Nueva York. Durante 2005, esos bonos ya fueron parte de un embargo cuando la Argentina lanzó el canje por la deuda en default de 2001. Cuando se reabrió el canje en 2010 y luego en 2016, los tenedores de los bonos Brady cambiaron su deuda en default y liberaron la prenda.
El especialista Maril hizo un recuento de los últimos fallos que el Estado argentino perdió en las últimas semanas: “En tan solo un mes, la Argentina perdió la apelación por los cupón PBI en Londres (u$s1.500 millones); recibió sentencia sumaria por deuda en default (u$s140 millones); perdió la certificación del fallo del Ciadi en EE.UU. en el caso Aerolíneas Argentinas (u$s340 millones), y perdió la apelación por embargos de activos soberanos en caso deuda en default (u$s420 millones). Repito, dejar que las cortes hablen no es una estrategia legal, sino una excusa para no tenerla”.
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