El Gobierno buscara derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que obliga a los ministerios y organismos del Estado a contratar empresas estatales, según afirmaron fuentes periodísticas. Esta normativa, implementada por el expresidente Alberto Fernández, es la que estuvo en el foco por el caso de corrupción por los seguros y el pago de comisiones a intermediarios con presuntas relaciones con Fernández.
Se desconoce si la iniciativa fue impulsada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, o por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Además, se buscarán dejar sin efecto otros decretos vinculados a servicios utilizados por empleados estatales, tales como la compra de pasajes y combustibles.
El DNU y la desregulación del gobierno
Según informaron fuentes periodísticas, el Gobierno busca avanzar en la derogación del Decreto emitido durante la gestión de Fernández. Actualmente, la Justicia se encuentra investigando al expresidente por presuntas pólizas del Estado a favor de personas con vínculos con el abogado.
Sin embargo, el DNU 823/21 no será el único que buscará derogar la gestión libertaria. De esta manera, se buscará desregular la contratación de empresas estatales en diversas áreas.
Tal es el caso del decreto 823/21 que obliga a la administración pública a pagar los salarios a través de las cajas de ahorro del Banco Nación. Por otro lado, también se buscará dejar sin efecto el 1189, que le exige al Estado comprar combustible a YPF para toda su flota de automóviles, camionetas, camiones, aviones y barcos.
En esta línea, también se busca dejar sin vigencia la normativa que determina que todas las reparticiones nacionales deben adquirir su boleto de cabotaje y vuelos al exterior en Aerolíneas Argentinas.
El proyecto de Sturzenegger prevé que, a partir de ahora, todas esas contrataciones de seguros, pago de haberes, y compra de pasajes y de combustibles se hagan a partir de licitaciones públicas en las que podrá competir cualquier oferente.
Causa seguros: solicitaron analizar el celular de Alberto Fernández
El fiscal Carlos Rívolo, presentó este viernes una solicitud al juez a cargo de la causa por irregularidades en el manejo de los seguros, Julián Ercoloni, en la que solicitó analizar el teléfono de Fernández. El pedido fue realizado en medio de la denuncia que afronta el expresidente por violencia de género, realizada por la ex primera dama, Fabiola Yañez.
Rívolo realizó la solicitud a su par Ramiro González para acceder a la prueba recabada en ese expediente donde se secuestró el teléfono de Fernández con el objetivo de comprobar si, tal como denunció la ex primera dama, recibió hostigamiento y violencia por parte de su expareja una vez ya realizada la denuncia por violencia de género.
Entre los motivos de la solicitud se encuentran que el fiscal Rívolo podría considerar que peritar el celular del expresidente serviría para confirmar esos intercambios, y permitiría, además, establecer si hubo o no borrado de información desde que estalló el escándalo hasta que se realizó el operativo de secuestro del aparato. Por su parte, en la actualidad, el fiscal González no avanzará en la apertura de todo el contenido del teléfono del ex presidente, dado que su causa se limita a confirmar si envió mensajes o intentó contactar por esa vía a Yañez.
En el caso de Rívolo, su investigación le abre la posibilidad de revisar el teléfono para reconstruir la trama que se habría orquestado para beneficiar a Martínez Sosa con contratos de distintas reparticiones con Nación Seguros. Según la causa, las comisiones eran pagadas a empresas relacionadas con brokers allegados.
Fuente: Ámbito