“Medió violencia, abuso coactivo e intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad y de poder, aprovechándose de que la víctima no haya podido consentir los actos. Alperovich abusó de su sobrina segunda valiéndose de la asimetría de poder que tenía frente a ella. Él era su jefe, detentaba un poder político de inmensa magnitud en la Provincia”, aseguró el juez Juan María Ramos Padilla en los fundamentos de la condena al exgobernador de Tucumán, José Alperovich, por abuso sexual.
En junio de este año, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29, integrado unipersonalmente por Ramos Padilla, había condenado al también exsenador a 16 años de prisión al considerarlo responsable de tres hechos de abuso sexual simple y seis hechos de abuso sexual agravado por haber sido cometidos con acceso carnal, perpetrados entre 2017 y 2018.
En ese mismo momento, y en línea con lo que había solicitado el fiscal Sandro Abraldes, interinamente a cargo de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N°27, había ordenado la inmediata detención del exmandatario. Esa decisión fue confirmada el mes pasado por la Cámara Nacional de Casación.
La importancia del relato de la denunciante
En línea con lo expresado en el alegato fiscal, el juez describió las nueve secuencias de abuso que ocurrieron entre fines de 2017 y diciembre de 2018, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Tucumán. Los episodios se repitieron en el departamento que tenía el acusado en el barrio de Puerto Madero, en la casa que utilizaba para sus reuniones políticas en Tucumán, en una mansión en las afueras y hasta dentro del auto donde se trasladaba generalmente el exgobernador.
El magistrado analizó luego el testimonio brindado por la denunciante. “Lo que debe destacarse de su relato, esencialmente, son las cuestiones vinculadas a la relación que mantenía con Alperovich. No solo era su secretaria, sino también su sobrina segunda. Y Alperovich aprovechó esta extrema cercanía para poder cometer todos y cada uno de los hechos que aquí se le atribuyen, a partir de su enorme poder económico, político, social y funcional, que denotan una asimetría en todos estos aspectos que inexorablemente nos llevaron a los tipos penales en los que precisamente se calificaron sus conductas”, sostuvo en primer lugar.
Para el juez, lo relatado por la víctima se encuentra sustentado por “múltiples testimonios y elementos probatorios que fueron incorporados al juicio”. Entre ellos, destacó las declaraciones de médicas que atendieron a la joven y el análisis realizado por la especialista del Cuerpo Médico Forense. Consideró también que la defensa no pudo comprobar “una sola falsedad o mendacidad deliberada” por parte de la denunciante, dado que “las características de su relato no han dejado espacio para ello y son sostenidas por pruebas de indiscutible eficacia probatoria”.
Por otra parte, descartó la acusación que hicieron el abogado y el acusado al respecto de las intenciones de la joven y la posibilidad de que buscara “negociar” a cambio de no seguir con la causa. “Por lo demás, veremos que el que pretendió negociar fue Alperovich, primero con el fin de evitar la denuncia y, al final del debate oral, declamando que era víctima de una operación política y un intento de extorsión para sacarle cinco millones de dólares, sin aportar ningún elemento de prueba que avale esa falsedad”, recalcó.
“Luego de ocurridos los sucesos, la víctima queda imposibilitada para denunciar frente a la agresión sufrida por temor, vergüenza, sentimientos de culpa, el debilitamiento de la autoestima, la asimetría de poder, la relación de dependencia o autoridad, etcétera. Esas circunstancias son las que le impiden a las víctimas, como ha pasado en el caso que nos ocupa, develar los hechos para protegerse del escarnio público, a sí mismas, a su grupo familiar o social”, analizó después el magistrado.
Para ello, mencionó -tal como había puntualizado el fiscal- que muchos testigos durante el juicio hablaron sobre el modo en que ejercía el poder el condenado tanto en Tucumán como en el ámbito nacional cuando era senador. “Se trata de alguien que fue tres veces gobernador de la provincia, senador nacional, ministro provincial, con amplias relaciones sociales, políticas, con una inmensa fortuna, con una diferencia de edad importante, entre otras cosas. Todo eso, frente a una joven que para entonces contaba con apenas 27 años, poca experiencia laboral, que trabajaba por primera vez en el ámbito de una campaña política, y a quien se le asignaron tareas relevantes”, describió.
Ramos Padilla indicó que Alperovich “detectaba la especial vulnerabilidad” de la denunciante y “se aprovechaba de esa situación para dañarla”. Analizó luego los chats que se incorporaron en la causa y consideró que de la lectura de esas conversaciones se desprendía que la joven “se sintió atrapada” por la situación en la cual la colocó su agresor.
Explicó entonces que la joven realizó un relato pormenorizado, “no sólo al narrar los hechos y sus detalles, sino que apareció ajena a cualquier pretensión espuria de lograr un beneficio, una venganza o cualquier otro provecho”.
“En este sentido quedó muy claro porqué M.F.L., por un lado, se encontraba paralizada, sometida, cosificada, angustiada e intentaba mantener silencio por siempre, y, al mismo tiempo, se exhibía brillante y eficaz en su desempeño laboral. Aparecieron así los abusos de poder y el aprovechamiento de la situación de dependencia sólidamente comprobados. Por la trayectoria de quien fue 3 veces gobernador, senador nacional, un hombre con relaciones políticas, importante solvencia económica y una personalidad avasallante, a quien nadie le podía decir que no”, remarcó.
En definitiva, el juez Ramos Padilla consideró probado que en reiteradas oportunidades, Alperovich abusó sexualmente de la denunciante “mediante violencia, intimidación, el abuso de la dependencia funcional, de su autoridad, y de su poder, todo lo cual generó que ella, por cualquiera de estas causas, no haya podido consentir libremente esas agresiones”.
El aprovechamiento y la crueldad
“Alperovich abusó de su sobrina segunda valiéndose de la asimetría de poder que tenía frente a ella. Él era su jefe, detentaba un poder político de inmensa magnitud en la provincia donde M.F.L. residía, y esas circunstancias fueron utilizadas por el nombrado para lograr el sometimiento y así coartar la libertad de aquella. Desde esa posición, en pleno dominio de su víctima, Alperovich concretó las agresiones sexuales que he tenido por acreditadas”, aseguró el magistrado en sus fundamentos.
Al momento de valorar los agravantes, hizo foco en la violencia desplegada por el exgobernador en cada uno de los ataques, además de los “constantes comentarios degradantes y humillaciones” que sufría la joven por parte de su agresor, tanto de manera privada como pública.
“Pero es importante recordar que gracias a todos esos mecanismos que el condenado utilizó – humillaciones, degradación privada y pública, afectaciones a la autoestima y cosificación, entre otros-, logró perpetrar los hechos que, como dije, han tenido una clara evolución creciente en cuanto a su modalidad, duración, intensidad y, sobre todas las cosas, gravedad”, agregó.
El juez mencionó todas las consecuencias físicas y psíquicas que la víctima padeció durante y después de los abusos. “Además de eso, debió afrontar todas las consecuencias que para una víctima de esta clase de hechos acarrea un proceso penal, debiendo someterse a constantes requerimientos que no hicieron otra cosa más que generar su revictimización”, añadió.
Con respecto al rol de Alperovich, el magistrado tuvo en cuenta que fue gobernador de Tucumán entre 2003 y 2015, senador nacional, legislador provincial y dueño de varias empresas. “En este sentido, no puedo pasar por alto el aprovechamiento de esa situación por parte de Alperovich. Porque a partir de la confianza que tanto en el ámbito laboral como familiar le dio a M.F.L., traicionó ese lazo de afinidad -mediante el cual, por sí o por sus intermediarios, a la par que sucedían los hechos, le prometía que siempre la cuidaría y que a su lado siempre estaría protegida- y así perpetró los hechos en cuestión”, explicó. Además, cuestionó el manejo que hizo el exmandatario cuando conoció la denuncia y sostuvo que actuó “con crueldad” al revelar nombre y apellido de la víctima.
“Sabido es que la calidad de funcionario público implica, frente a toda la sociedad, un deber de obrar con una exigencia mayor a la de los demás en lo que hace al cumplimiento de las normas que rigen nuestro ordenamiento. Sin embargo, Alperovich abusó de su inmenso poder e influencias y, contrariando las expectativas que existen en cuanto al comportamiento que un servidor público debe tener, cometió los hechos en cuestión, imprimiéndole siempre a sus acciones una sensación de total impunidad en función del poder que ostentaba”, concluyó.
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