El comité de acreedores de La Rioja anunció que impulsa un juicio sumario en el tribunal del segundo circuito de Nueva York, en los Estados Unidos, por la situación de impago en la que se encuentra desde febrero la provincia con sus tenedores de bonos en dólares.
El gobierno de Ricardo Quintela canceló ese mes USD 10 millones de los USD 26 millones que operaban como vencimiento. El 24 de agosto hay nuevos compromisos en capital e intereses, pero todavía no prosperó un acuerdo de reestructuración entre las partes.
Los bonistas representados por Quinn, Emanuel Urquhart y Sullivan, LLP, sostuvieron en un comunicado que “el desprecio temerario” del gobierno de Quintela por sus obligaciones financieras “perjudica directamente a la población a la que se supone debe servir, al desalentar la inversión y, por ende, la creación de empleo y la actividad económica en la provincia”. Además, afirmaron que esa situación socava los esfuerzos del gobierno nacional de Argentina para revertir la imagen del país ante los mercados internacionales de crédito.
El texto además apunta que “La Rioja es la única provincia que no ha cumplido con sus obligaciones internacionales” de todas las que reestructuraron bonos no garantizados durante el período 2021. Es por eso que adjuntaron un gráfico en el que señalan el avance en los porcentajes de deuda amortizada del resto de las jurisdicciones argentinas.
De los USD 26 millones que vencieron el 24 de febrero, la provincia giró USD 10 millones correspondientes a intereses, y dejó impagos USD 16 millones de capital correspondientes a sus Bonos Verdes por USD 318 millones emitidos internacionalmente bajo la ley de Nueva York. La preocupación de los bonistas ahora es que el 24 de agosto operan nuevos vencimientos, “lo que puede precipitar incumplimientos adicionales por parte de la provincia”.
Se trata de un bono en dólares emitido en 2017 cuando el país todavía tenía abiertos los mercados internacionales de deuda. Fue una emisión de un bono verde para la construcción de un parque eólico, por USD 200 millones en una primera instancia en febrero de ese año y con USD 100 millones más en agosto, con una tasa de interés de 9,75% anual.
En 2021, ese bono fue reestructurado, luego de que la Nación hubiese hecho lo propio con sus títulos públicos. Como resultado de esa renegociación, el bono pasó a tener un interés de 3,5% que debería ir escalando hasta 8,5% anual en 2028. El contrato del bono riojano prevé que el anuncio de impago no implica un evento de default automático, sino que existe un período de gracia antes de que el indenture permita a los bonistas reclamar la “aceleración” de los pagos, es decir, el pago completo de la deuda. La Rioja, de esta forma, es la primera provincia que manifiesta inconvenientes financieros para hacer frente a los vencimientos de su deuda desde que inició el gobierno de Javier Milei.
La provincia que gobierna Quintela aludió a que las dificultades económicas por la alta inflación, la devaluación de diciembre y el ajuste fiscal que cortó las transferencias desde Nación a las provincias complicaron sus posibilidades de pago.
“En febrero de 2024 , la Provincia se convirtió en la primera y única provincia en volver a incumplir sus obligaciones reestructuradas, al no pagar US$16 millones de capital adeudado. El contexto del default de 2024 fue particularmente escandaloso. La Rioja utilizó la mayoría de los ingresos de los Bonos Verdes para construir parques eólicos a través de la empresa provincial, Parque Eólico Arauco SA (”PEA”). Luego, la Provincia concluyó una venta del 100% de Vientos de Arauco Renovables SAU, una de las empresas de PEA, por US$171 millones a Pampa Energía SA, antes de incumplir con los tenedores de bonos”, apuntaron los bonistas.
El estudio que representa a los bonistas es Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, tiene entre sus socios a Dennis Hrankitzky, el abogado que logró embargar la Fragata Libertad en 2012 cuando la Argentina no había salido por completo de su default del 2001.
Infobae