En base a una denuncia presentada por la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina, el fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, presentó un pedido de investigación contra funcionarios, exfuncionarios y diputados provinciales acusados de perpetrar una serie de delitos que tuvieron como fin la deforestación del monte chaqueño.
Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, la acusación incluye a Hernán Javier Halavacs, exgestor forestal y actual Ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco; Miguel Ángel López, exdirector de Bosques de la Provincia del Chaco, actualmente empresario forestal y Luciano Olivares, exsubsecretario de Desarrollo Forestal, actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco.
También están en la nómina de acusados Atlanto Honcheruk, empresario forestal y actual diputado provincial; Juan José Bergia, diputado provincial; Zenón Cuellar, intendente de la localidad de El Espinillo – Chaco y Hernán Miguel Brunswig, exministro de Ambiente “como así contra toda otra persona que posteriormente se determine”.
En su requerimiento ante la jueza, Zunilda Niremperger, Sabadini los acusa por los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público” (art. 248 del Código Penal), “tráfico de influencias” (art. 256 bis del Código Penal), “negociaciones incompatibles con la función pública” (art. 265 del Código Penal), “malversación de caudales públicos” (art. 260 del Código Penal) y “asociación ilícita” (art. 210 del Código Penal). Asimismo, solicitó a la magistrada que decrete la prohibición urgente de los desmontes en la provincia.
El fiscal dejó en claro además que se efectuará pedido de investigación contra las empresas vinculadas en probable daño ambiental a la provincia en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal contra las Personas Jurídicas. Estas son: “VICENTIN”; “LAS GUINDAS” S.A; “ESTABLECIMIENTO MONTERREY”; “CUENCA DEL SALADO” S.A; “GRUPO BURATOVICH HERMANOS”; “MSU” S.A; “TRIAD” S.A; “ALEJANDRO HAYES CONI”, “RICARDO SHIHON” y “JERILDERIE” S.A; “CIGRA” S.A y “LA NUEVA PIRAMIDE”.
Los hechos están enmarcados según la denuncia de la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina por las presuntas irregularidades cometidas en los últimos años en el empleo de recategorizaciones prediales de suelo, que posibilitaron desmontes indiscriminados en gran parte del territorio provincial, con peligro y daños irreversibles para el medio ambiente, y generaciones futuras.
En este sentido, estos hechos se vieron ratificados por las conductas de parte de los acusados en el proyecto, hoy ya sancionada Ley 4005-R de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que traería aparejado la aniquilación de bosque protegido en la Provincia, ante el beneficio económico de unos pocos, en perjuicio de la sociedad.
A todo esto, se pide investigar posible desvío de fondos nacionales y de Naciones Unidas enviados a la provincia con fines de protección de bosques y comunidades de pueblos originarios.
El requerimiento fiscal contempla y destaca la encíclica del Santo Padre, el Papa Francesco “Laudatio sí”, como gran llamado a los gobernantes y a la humanidad toda a velar por la protección del medio ambiente ante la posible extinción humana si no se detiene la crisis climática actual, independientemente de las religiones.